Cualquier reglamento para ordenar, moderar y acompasar el funcionamiento de cualquier institución ha tenido, tiene y tendrá una importancia capital. No se trata, ni mucho menos, de asunto baladí.
Precisamente en reconocimiento a esa trascendencia, una norma no escrita que prevaleció largo tiempo, habilitó la búsqueda de un consenso, tanto a la hora de elaborar, como también en el momento de modificar el reglamento de cualquier organismo público.
Esa práctica genuinamente democrática ha empezado a perderse como si tal cosa; en algún que otro caso aduciendo una intención anti discrecional y más fiscalizadora, tal y como acaba de ocurrir en la Diputación de Pontevedra. El equipo de gobierno PSOE-BNG ha impuesto la aprobación de un nuevo reglamento sin contar en absoluto con el PP, ni con Marea. Ni intentarlo tan siquiera.
El reglamento hasta ahora vigente databa del año 1990; por tanto, contaba con un cuarto de siglo de antigüedad que resulta mucho o poco tiempo, según como se mire, para un documento de tales características.
De cualquier forma, achacar a la normativa ya finiquitada los espectáculos tan broncos y poco edificantes de sus últimas sesiones plenarias, constituye una falacia como la copa de un pino. Tal cosa adujeron sin ningún argumento verosímil Carlos López Font, Cesáreo Mosquera y la propia presidenta, Carmela Silva, frente a la protesta de Nidia Arévalo y la inhibición de Xosé Lois Jácome.
Seguramente el nuevo reglamento es mejor que el anterior y responde a este tiempo tan convulso que sacude el Palacio Provincial. Pero nada exime de consensuar la modificación de las reglas del juego, por respeto a esa cacareada democracia. De intentarlo al menos durante el proceso que acaba de abrirse hasta su aprobación definitiva.
El meollo de la cuestión está en saber cuál ha sido el verdadero motivo barajado por el equipo de gobierno PSOE-BNG para forzar la aprobación inicial de un nuevo reglamento de la corporación provincial, y adivinar si finalmente se abrirá a buscar algún tipo de acuerdo con el PP y Marea antes de su entrada en vigor.
