22 de junio de 2016
22.06.2016

El gobierno local insiste en culpar al PP del "encarecimiento brutal", en 2004, de la finca de los Rocafort

Tras ser condenado el Concello a abonar tres millones de euros, afirma que "se le otorga un valor constructivo que nunca tuvo"

22.06.2016 | 02:54
Gonzalo Pita. // Gustavo Santos

El gobierno local que encabeza el alcalde Gonzalo Pita, mantiene que fue el PP y en concreto su actual portavoz municipal, Telmo Martín, el que provocó el "encarecimiento brutal" de la finca de los hermanos Rocafort por la que ahora el Concello debe abonar tres millones de euros. Recuerda que fue Martín el que firmó en 2004 un convenio "que otorgaba a la finca un valor añadido constructivo que nunca tuvo".

En un comunicado oficial, el Concello indica que "hace tan solo unos días no dudaba Telmo Martín en culpar a sus compañeros de partido, integrantes del anterior Gobierno de Sanxenxo, al asegurar en su perfil social que en el año 2011 el Concello tenía que haber abierto una negociación con los propietarios, evitando que continuase el proceso judicial. Martín olvida que en aquel momento gobernaba el PP y que la concejala de Urbanismo es la misma María Deza que ahora le acompaña".

Aún así, insiste en que "la exagerada valoración de la parcela en cuestión, de 1.796 metros cuadrados, se debe únicamente a la decisión de Martín de vincularla al desarrollo urbanístico del SU 20, en Canelas. Es este hecho lo que da a la finca un valor añadido constructivo que no tuvo en ningún momento".

Negociación

Cree el equipo de Pita que era entonces, cuando se aprobó el PXOM, cuando el Concello podía "adquirir la parcela de forma directa, bien por la vía de la compra o bien por el de la expropiación, como se reflejaba en las Normas Subsidiarias, una opción que en ningún momento barajó el Gobierno del PP, que renunció a establecer negociación alguna, posibilidad que se extingue con el pronunciamiento del Jurado de Expropiación".

Agrega que "la operación urbanística iniciada por Telmo Martín, con la firma del convenio en el año 2004, conllevó un encarecimiento brutal del valor de la finca, solo explicable al estar vinculado a un Suelo Urbanizable", y compara este caso con el de Punta Vicaño: "Solo es necesario tomar como referencia el valor de tasación de Punta Vicaño, una parcela calificada como zona verde y separada de la propiedad de los hermanos Rocafort por unos cientos de metros, para comprobar la diferencia. En el informe realizado para la compra de este parque, en marzo de 2007 se refleja para Punta Vicaño el precio de 375 euros metros cuadrados. Tomando esta cifra como referencia, y teniendo en cuenta que el precio del suelo en Sanxenxo había bajado considerablemente en 2011, los 1.796 metros cuadrados de los hermanos Rocafort obtendrían una valoración de 673.500 euros. Por tanto, una negociación con los propietarios en aquel momento hubiese garantizado esa máxima valoración partiendo de un precio por metro cuadrado, el establecido para Punta Vicaño, que ya fue tildado en aquel momento de muy elevado".

Vinculación urbanística

Apunta que esos 673.500 euros "equivalen a un 22,3% de la cantidad que ahora fija el TSXG como valor de la expropiación. Queda claro, por tanto, que los 3.010.000 euros son consecuencia de la vinculación urbanística que Telmo Martín promovió en el año 2003 con la aprobación del PXOM y a la que dio forma de convenio un año después, operación que convirtió el valor del metro cuadrado del suelo de la parcela de As Cunchas en 1.676 euros".

El gobierno local considera que "lo sensato hubiese sido, teniendo en cuenta que antes del PXOM la finca ya estaba calificada como zona verde, iniciar un procedimiento de adquisición por vía directa de la finca, impidiendo así que los propietarios recurriesen al Jurado de Expropiación con su valoración del terreno y paralizando un proceso judicial en el que el resultado está a expensas de la interpretación del Tribunal. Por todo esto, resulta intolerable que un representante político no asuma las consecuencias de sus actos cuando conllevan un resultado tan negativo para los intereses públicos".

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