La polémica regularización del Catastro de granjas, invernaderos, hórreos o establos que realiza desde hace unos años el Ministerio de Hacienda acabará llegando a Pontevedra, según ha confirmado el propio departamento estatal, si bien ha negado que se trate de una revisión sino de un "plan de lucha contra el fraude". Fuentes oficiales de Hacienda explican que se trata de "cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro" y se analizan las edificaciones rústicas porque "es una obligación desde 2008 valorar esas construcciones", que se incorporan a la relación catastral a medida que se realizan revisiones.
Se trata de incluir en la valoración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), todos estos elementos asociados al rural gallego y que hasta ahora estaban exentos de esa tasa fiscal. Con su inclusión, los propietarios verán aumentada su cuota, si bien el ministerio aclara que las arcas del Estado no registrarán un aumento de recaudación y cada concello puede decidir el coeficiente que aplica, e incluso bonificaciones.
Hasta ahora este proceso ya ha afectado al menos a una treintena de municipios de la provincia y para este verano se prepara una nueva remesa de inspecciones. Según fuentes municipales, Hacienda ya ha enviado al menos dos comunicaciones al Concello avisando de sus intenciones, si bien por el momento se ha logrado aplazar, aunque se da por hecho de que "algún día llegará", como acaba de confirmar el ministerio.
En el caso de Pontevedra sería una segunda campaña del Catastro, después de la actualización realizada por Hacienda en los últimos meses, por la cual los valores catastrales se elevaron en un 10% con respecto a los del ejercicio anterior. No obstante, ese aumento no repercutiría, en principio, en los recibos anuales toda vez que desde este ejercicio se anula una subida del mismo porcentaje que se aplicaba desde 2013. Así lo asegura el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo.
El plan rural que ahora tiene en marcha el ministerio establece que propiedades como galpones, naves agrícolas, invernaderos, hórreos, establos, cobertizos y otras construcciones auxiliares pasarán a tributar por el IBI, pero el ministerio aclara que "en modo alguno se valorarán como una primera vivienda. Será inferior y nunca como la residencia habitual. En todo caso, Unións Agrarias ya ha advertido que la inclusión de esos elementos supondrá un "aumento ficticio del patrimonio" de los ciudadanos, lo que repercutirá, de entrada, en el cómputo patrimonial a la hora de solicitar becas, de ahí que la Xunta ya haya pedido a Hacienda una "excepción" al respecto para el caso de Galicia.
Unións Agrarias ya denunció en su día los efectos de lo que definen como "catastrazo" ante el elevado número de galpones y estructuras similares existentes en Galicia. Una vez que el Gobierno finalice el rastreo es el propio concello el que debe determinar la tasa que permite la normativa: desde la más baja del 0,3% del valor de la propiedad a la más alta de un 0,9%. Desde la organización agraria alertan de que la revisión catastral elevaría los ingresos que los concellos logran al año por la contribución rústica.
