La Fiscalía de Pontevedra sigue inmersa en una carrera contrarreloj para revisar todas las causas penales pendientes tal y como establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija un plazo inicial de medio año para su instrucción, que pueden ser prorrogable. Los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la ley se cumplirán el próximo lunes, fecha en la que deberán estar revisadas todas estas causas para que el fiscal inste a su archivo, a su conversión en procedimiento abreviado o, en el caso de que considere que son necesarias más diligencias, a que solicite la prórroga y se declare como causa compleja. El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, confirmaba ayer que funcionarios y fiscales pontevedreses están trabajando a destajo para cumplir lo ordenado por la ley, lo que ha permitido que en cuestión de semanas se hayan revisado ya miles de causas. Aporta datos, aunque aproximados. Señala que se han revisado ya unas cuatro mil causas penales solo en la zona norte de la provincia de Pontevedra, lo que supone un 80% del total de asuntos que deberán ser analizados. Aún así, quedan todavía pendientes, por lo tanto, el 20% restante. Es decir, sobre un millar más a tan solo cinco días de que se cumpla el límite.
Pese a que se trata de una tarea abrumadora, Aladro se mostró optimista al confiar que antes del lunes tendrán la práctica totalidad de los asuntos revisados. Al menos de todos aquellos de los que les hayan dado traslado los juzgados. No obstante, advierte de que el coste para la Fiscalía está siendo el "colapso" de este departamento, obligado a asumir esta ingente carga de trabajo extra por parte de unas plantillas ya sobrecargadas y exiguas. Los fiscales se entregan en los últimos días en cuerpo y alma a la revisión de los asuntos penales y esta labor la deben compaginar con la asistencia a juicios, guardias y la comparecencia en vistas y declaraciones de otros asuntos de relevancia.
Aladro ya manifestó anteriormente que los fiscales cumplirán con lo establecido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero matizó que lo harán "dentro de sus posibilidades". El Consejo Fiscal ya alertó que sería materialmente imposible revisar todas estas causas antes del 6 de enero y Aladro coincide en que es muy posible que alguna causa "se pueda acabar escapando" a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía.
Control de los asuntos
Aparte del importante volumen de trabajo extra, el otro gran handicap para el Ministerio Público sigue siendo la incapacidad para controlar todos los asuntos judiciales vivos. El fiscal jefe insiste en que la reforma les obliga a atribuirse, de facto, esta tarea que no les corresponde. Desde el punto de vista de la Fiscalía, la Ley establece que la dirección de la investigación hoy por hoy corresponde a los jueces y que el control de las causas reside en los letrados de la Administración de Justicia. El Fiscal sólo puede clasificar las causas de las que haya tenido conocimiento de su existencia, ya que esos procedimientos no están físicamente en las Fiscalías, sino en las dependencias de los juzgados de instrucción.
La Fiscalía de Pontevedra ya solicitó a todos los juzgados la remisión de aquellas causas que permanezcan abiertas para proceder a su examen, para evitar que se pueda "colar" alguna de la que no tengan conocimiento y todos los días están llegando a las oficinas del quinto piso del edificio judicial de A Parda remesas de asuntos que los fiscales se disponen a repasar. No obstante, explican que hay algunos juzgados de los que no han obtenido respuesta o que han enviado un reducido número de asuntos, por lo que evitan responsabilizarse de aquellas actuaciones que no hayan sido revisadas por no haber sido comunicadas por el juzgado.
Además, los problemas de compatibilidad entre las aplicaciones informáticas que utilizan la Fiscalía y los juzgados (Fortuny y Minerva) impiden que los fiscales puedan asumir este control. Así lo recordaba la Fiscalía General del Estado desde donde se señalaba en un comunicado que "las actuales aplicaciones informáticas de juzgados y Fiscalías, rudimentarias y no interoperables entre sí, no facilitan una información completa" de los asuntos. "Los fiscales no respondemos de las causas a las que no hayamos tenido acceso. Eso ya lo dijo el Consejo Fiscal", reiteró la Fiscal General Consuelo Madrigal.
Sin refuerzos en la provincia
Por último, un tercer apartado que explica el agobio y la saturación que vive a lo largo de estas semanas en la Fiscalía se refiere a los medios materiales. La reforma legal implantada por el Gobierno persigue acortar los largos plazos de instrucción de los asuntos penales pero lo hace sin invertir un solo euro en más recursos humanos y materiales. La única medida que se adoptó fue habilitar 80 fiscales de refuerzo en aquellas Fiscalías con mayor carga de trabajo. Ninguno de ellos fue asignado a las de Pontevedra, Vigo o Cambados.
