Medio siglo de vicisitudes en la ría

Oposición vecinal, Greenpeace, la condena, el papel tisú y la privatización de Ence

26.01.2016 | 02:20

Más de cincuenta años lleva instalada la fábrica de Celulosas de Lourizán. El 13 de junio de 1958 se produjo una resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autorizó al Instituto Nacional de Industria a ocupar la parcela de terreno marítimo-terrestre, de 612.500 metros cuadrados. Se impuso una serie de condiciones medioambientales y se advertía que su incumplimiento podría ser causa de caducidad de la concesión.

Fue en 1959 cuando el Gobierno autorizó la transferencia de la concesión a favor de la Empresa Nacional de Celulosas de Pontevedra y en 1963, siendo alcalde de la ciudad, José Filgueira Valverde, la fábrica comenzó a funcionar. Cuatro años más tarde se autorizó la segregación de 9.500 metros cuadrados de la concesión a favor de Elnosa.

En este medio siglo la polémica sobre su instalación fue una constante. Los vecinos de Placeres se opusieron nada más conocer su emplazamiento y las obras se realizaron bajo la vigilancia de la Armada.

El paso del tiempo fue apagando las críticas hasta que en la década de los ochenta hubo una mayor concienciación medioambiental, a raíz de desastres ecológicos habidos en distintos puntos del planeta. Se crearon grupos ecologistas que comenzaron a denunciar los peligros de determinadas empresas.

La polémica en torno al complejo industrial de Lourizán fue palpable con detractores y defensores que organizaron manifestaciones a favor y en contra de la fábrica en los años ochenta y noventa.

El Plan de Mejora Ambiental de Celulosas llevado a cabo entre los años 1988-1992 y las importantes campañas publicitarias llevadas a cabo por la empresa no pusieron fin a la oposición a la planta.

La misma Xunta ha sido un ejemplo de esta división. En noviembre de 1991, el Gobierno gallego decretó el cierre de Elnosa. La sensibilidad social era ya patente y a finales de los ochenta se creó la Asociación pola Defensa da Ría.

La polémica creada en aquellos años hizo que el grupo ecologista Greenpeace llevara a cabo en 1990 y 1993 acciones tendentes a llamar la atención de la ciudadanía. Varios de sus integrantes se encadenaron ante la fábrica con el consiguiente revuelo informativo a nivel nacional al denunciar el incumplimiento del acuerdo sobre vertidos.

La Xunta dio a conocer a finales de 1993 la auditoría medioambiental realizada por Wallace Evans a instancias de la Consellería de Política Territorial que dirigía Cuiña Crespo, y venía a demostrar que el complejo industrial no cumplía los requisitos impuestos sobre contaminación y los vertidos de Ence no se ajustaban a la normativa europea. El informe "Wallace" señalaba graves problemas de contaminación, especialmente peligrosos a causa de la acumulación de mercurio en aguas de la ría.

Condena por delito ecológico

En diciembre de 1993 y ante la gran alarma social, el Juzgado de Instrucción número 6 de Pontevedra abrió diligencias por presunto delito ecológico contra Ence. El proceso judicial se convirtió en largo y tedioso, pero finalmente, casi diez años después, la Audiencia Provincial condenó a los principales directivos de Ence por un delito ecológico por las emisiones contaminantes de la factoría a la atmósfera y a la ría.

El fallo se produjo unos meses después de ser privatizado el grupo pastero y pasar a manos de Caixa Galicia.

Las fuertes críticas llevaron a Ence a realizar importantes inversiones en mejoras tecnológicas y medioambientales.

Papel tisú

Fue por aquel entonces cuando surgió el proyecto de papel tisú en 2003 y el posterior decreto de supramunicipalidad por parte de la Xunta por el cual las normativas urbanísticas en esta zona quedan en manos de la Administración autonómica y no del Concello.

En 2006 el empresario vasco Juan Luis Arregui se hace con la mayoría accionarial de Ence.

El gobierno bipartito de la Xunta, formado por PSOE y BNG, buscó el traslado de la fábrica de Ence ante su caducidad en 2018, pero sin que la empresa diese pie alguno a ello ante el argumento de que era o cierre o seguir en la ría de Pontevedra ante el elevado coste de un hipotético traslado que cifraba en 700 millones de euros.

A la opción del traslado se sumó el candidato del PP por Pontevedra, Telmo Martín, y su partido ante la sorpresa general. Martín llegó a plantear la disparatada idea de trasladar la fábrica de Lourizán a Marcón en un acto al que acudieron los altos cargos de la Xunta. Tan pronto se apartó de la vida local, el PP retomó su posición de apoyo a la continuidad de Ence en la ría.

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