El grave problema con el suministro eléctrico que padecen en los últimos meses los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra ubicados en los locales provisionales de la calle Xermán Adrio es la carencia prioritaria que deberá solventar la Xunta de Galicia de manera más inmediata, pero no es la única problemática que afecta a funcionarios, magistrados y letrados que desempeñan su tarea profesional en estos juzgados.
De hecho, en el escrito firmado por todos ellos y que fue remitido el pasado lunes al juez decano de Pontevedra, señalan también otras carencias de estos locales para los que reclaman una solución. Por ejemplo, solicitan que se dote a estos locales de las medidas de seguridad que corresponden a un edificio de la administración de Justicia. Si bien en las sedes judiciales de A Parda y en la Audiencia se cuenta con la presencia de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil controlando los accesos, no ocurre así en Germán Adrio. Si bien durante los primeros meses tras el traslado de los juzgados a esta ubicación sí contaban con un agente durante las horas de audiencia, posteriormente este servicio fue eliminado de tal forma que, actualmente "y desde hace años, el edificio carece de seguridad alguna, con el riesgo que ello conlleva y habiendo existido ya algún hurto en despacho" y así lo hacen constar en dicha queja.
Las fuentes consultadas señalaron que, en todo caso, se trataron de sustracciones de escasa importancia pero los funcionarios llaman la atención sobre la posibilidad de que pudieran desaparecer en algún momento objetos de mayor valor o incluso documentación relacionada con alguna causa judicial.
Otra de las peticiones tiene que ver con la mejora en el servicio de Correos y valija. Según indican, las comunicaciones no llegan a los juzgados a primera hora de la mañana, lo que ocasiona un trastorno para su "debido diligenciamiento" así como para realizar otro tipo de actuaciones "comprometiendo en ocasiones actuaciones urgentes". Por ello solicitan que se realice el reparto a primera hora.
Una tercera petición tiene que ver con el Concello de Pontevedra. Desde los juzgados instan a requerir al ayuntamiento a que se emitan nuevas tarjetas de aparcamiento para los funcionarios del juzgado de tal forma que puedan utilizar con total tranquilidad las plazas habilitadas para ellos en las inmediaciones. Las tarjetas actuales son del año 2010, por lo que están caducadas. Reclaman al menos nueve tarjetas (tres por cada órgano judicial) en lugar de las tres actuales, al ser varios los usuarios de las plazas.
Multas "incomprensibles"
El objetivo es facilitar la identificación de los vehículos y evitar así nuevos supuestos como los ya ocurridos y en los que "incomprensiblemente" han sido multados funcionarios de los juzgados cuyos vehículos estaban debidamente aparcados en las plazas reservadas pero que en ese momento no tenían la tarjeta identificativa del Concello, sino una realizada por el propio juzgado.
Junto con la necesidad de que se tomen medidas para evitar los continuos fallos en el suministro eléctrico así como las restricciones en el uso de la calefacción, que parece ser que ya van a ser atendidas de forma inmediata por la Xunta, estas reivindicaciones recogidas en un escrito de queja han sido elevadas ya desde el decanato de los juzgados de Pontevedra a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que las analice y tome las decisiones oportunas al respecto.
