Las anomalías detectadas por el fiscal jefe en la tortuosa vinculación de Elsamex con el Concello para el mantenimiento de los jardines, ya fueron advertidas a partir de 2012 por los técnicos municipales, si bien el alcalde, Miguel Fernández Lores, siempre levantó esos reparos aludiendo al "interés público", como hizo ayer el concejal Raimundo González Carballo.
Elsamex fue contratada en febrero de 2006 por cuarto años, prorrogable por dos más. Sin embargo, cumplidos los plazos legales, aún se le amplió el servicio hasta 2014 y desde febrero de ese año ya ni siquiera había contrato y los trabajos se pagaban tras la presentación de facturas mensuales. Esta misma fórmula es la que aún se aplica en la actualidad, según admitió ayer González Carballo, ya que la nueva empresa (Cespa) elegida en julio pasado para este mantenimiento aún no ha comenzado su labor.
Todos estos recibos, por unos 35.000 euros cada uno, eran analizados por los técnicos municipales antes de su abono, y en todo los casos sin excepción se han formulado "reparos suspensivos" que obligaban al alcalde, Miguel Fernández Lores, a autorizar personalmente ese pago. Aparentemente este funcionamiento aún está en vigor a día de hoy, por lo que ya es año y medio de facturas mensuales.
Cuando ya se acumulaban nueves meses con este sistema de pago, el PP formuló, en noviembre de 2014, su denuncia en la Fiscalía, después de varios intentos anteriores de exigir explicaciones públicas del alcalde y una fuerte llamada de atención del Valedor do Pobo.
Advertencias constantes
Con respecto a las facturas, en cada caso se debe elaborar un expediente específico donde se detallan los incumplimientos en su tramitación. Así, el servicio de Intervención, tras recordar sus informes anteriores en contra de las prórrogas irregulares, apuntaba que "esta factura se corresponde con una prestación realizada sin la tramitación del procedimiento legalmente establecido". Añadía que el sistema elegido no se ajusta a la normativa por lo que "se insta al órgano gestor al estricto cumplimiento de la indicada normativa, incurriendo en supuesto de responsabilidad en caso contrario". Este mismo documento insistía en formular un "reparo suspensivo" que paralizaba la tramitación hasta que era levantado personalmente por el alcalde.
En cada resolución donde Lores levantaba esos reparos se admitía de que el procedimiento seguido no era el adecuado, pero se acababa aprobando el pago bajo el principio de "restablecer el equilibrio económico" de la empresa, toda vez que prestó el servicio y registró unos gastos "y no es imputable a la misma la ausencia de los trámites legales en la adjudicación del suministro". También se argumentaba que en caso de no abonar la factura el Concello incurriría en un "enriquecimiento injusto".
Pero frente a estas razones, la resolución admitía también que "el servicio se efectuó sin ajustarse a los trámites esenciales que rigen la contratación administrativa, así como sin contar con la previa autorización del gasto". Más adelante se recordaba que las entidades públicas "no podrán contratar verbalmente salvo que el contrato tenga carácter de emergencia" y en "este supuesto se produce una adjudicación de un contrato de manera verbal, sin que el órgano de contratación acordara la adjudicación del contrato y sin la fiscalización previa".
Incluso alertaba de que estas anomalías podrían ser "causa de nulidad" cuando se trata de "actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
