La Xunta está habilitada por ley para retirar el Fondo de Cooperación Local que cada año entrega a los concellos como vía para compensar las deudas municipales con entidades autonómicas. Pontevedra, con una deuda que la Xunta cifra en más de cinco millones de euros con Sogama, se expondría, de este modo, a perder al menos dos millones de euros cada año de esas transferencias si finalmente los tribunales confirman plenamente esos impagos. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, aseguró ayer en la Radio Galega que la Xunta echará mano de esa facultad legal para cobrar por la vía de los fondos de cooperación las deudas que puedan acumular los ayuntamientos por no pagar el nuevo canon de Sogama.

Pontevedra no solo se enfrenta a una posible deuda millonaria, sino que también ha manifestado su voluntad de abonar a menos de 55 euros la tonelada de basura tratada por la empresa pública, que la factura a más de 80. Por eso, la ciudad del Lérez es una de las primeras candidatas a perder esas transferencias si se confirma la citada deuda. De hecho, todo depende ahora de un último recurso de amparo formulado por el gobierno local ante el Tribunal Constitucional contra la última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que daba la razón a Sogama. Si el Constitucional desestima este último intento municipal, la Xunta podría acudir a esta vía excepcional para cobrar, previsiblemente en varias etapas, esa deuda.

Según el Presupuesto municipal de 2014, para este año está previsto recibir de la Xunta unas transferencias autonómicas por importe de 3.141.874 euros, de los que 2.150.000 corresponden al Fondo de Compensación Local, partida que sería detraída, en todo o en parte, para abonar los posibles impagos a Sogama. El resto de los fondos, en principio no afectados por la medida, corresponden casi en su totalidad a programas y actuaciones de servicios sociales como el servicio de ayuda en el hogar, la unidad de atención a drogodependientes o subvenciones de igualdad.

La deuda que acumula Pontevedra desde 2008, según Sogama, ya supera con creces los 4,5 millones de euros, y a esa cifra se debe añadir un millón más en intereses. El gobierno local entiende que el último fallo del TSXG que da la razón a Sogama vulnera un derecho fundamental, el de "tutela judicial", de ahí que se acudiese al Constitucional. Desde hace dos meses se aguarda por un pronunciamiento del alto tribunal.

En febrero de 2013, el TSXG dio la razón al Concello al aceptar su interpretación sobre el contrato, según la cual Pontevedra aplica una cláusula específica sobre la energía eléctrica de modo que cuanto más suba el precio de la luz, menos paga a Sogama por el tratamiento de la basura. La empresa pública sostuvo siempre que esa cláusula está anulada desde 1999 y recurrió de nuevo al alto tribunal gallego, que en octubre enmendó su fallo anterior y determinó que el canon único para el tratamiento de residuos que fijó para todos los municipios de Galicia es también de aplicación en Pontevedra.

Ese canon se sitúa en la actualidad en unos 81 euros por tonelada, lo que supone un 34% más que hasta el 31 de marzo, una subida derivada de la eliminación de las ayudas a las energías renovables, una de las fuentes de ingresos de la compañía pública. Pero esa misma supresión obligó al Concello a revisar su propio cálculo, con lo que los 32 euros que pagaba en 2013 han pasado ahora a 54. Aún así, hay 27 euros de diferencia con lo que exige Sogama. Si se tiene en cuenta que el municipio entrega cada año a la empresa más de 30.000 toneladas de basura (unas 2.500 al mes), el "agujero" crece desde ahora a razón de 65.000 euros mensuales.