Los datos del Poder Judicial señalan que de los 102 casos analizados en los partidos judiciales de Pontevedra, Caldas y Marín, en un total de 24 ocasiones el agresor era todavía el cónyuge de la víctima, mientras que en 13 ya se había roto el matrimonio. En otros 26 episodios de malos tratos, el agresor era la actual pareja sentimental de la mujer y, finalmente, otros 39 ya se había roto la relación. Esto supone que 52 de las víctimas ya habían interrumpido la relación con el denunciado y que, pese a ello, continuaron los episodios de violencia.
Los datos del Observatorio incluyen porcentajes de condenas de los procesados por maltrato ante los juzgados de lo Penal, siendo en Pontevedra el 61% de las sentencias condenatorias. En los juzgados el porcentaje de condenados es mucho mayor, de un 98%, algo que quizá tenga su explicación en la agilización de estos asuntos por la Fiscalía y el juzgado especializado en la ciudad para dar más seguridad a la víctima. Según se explica en la memoria de la Fiscalía, esta rápida tramitación de los asuntos, con la consiguiente imposición y ejecución inmediata, entre otras, de las penas de alejamiento y no comunicación por parte de los agresores, se logró cursando la mayoría de las denuncias (en su mayor parte lesiones, amenazas y coacciones leves) como juicios rápidos en lugar de hacerlo a través de un procedimiento abreviado que pudiera eternizarse en su instrucción manteniendo la tensión entre víctima y agresor. La imposición de estas medidas de alejamiento o no comunicación a través de los juicios rápidos "son muy efectivas, dado que desactivan el escenario violento en el que se mueven los miembros de la pareja".
