El presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, compareció ayer ante el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, en el marco de unas diligencias de la Fiscalía que investiga posibles sobreprecios en el alquiler de unos bajos de su propiedad en la calle de As Teixugueiras, en el barrio de Navia, en Vigo. Louzán se mostró seguro de que la operación no tiene ningún reproche legal.
Según confirmó el propio Rafael Louzán después de su comparecencia ante el fiscal, la investigación parte de una denuncia anónima -"parece que últimamente estas circunstancias suelen suceder", explicó en referencia a la información trasladada a la Fiscalía- y que fue recibida hace ahora exactamente un año pero de la que el político del PP no tuvo conocimiento hasta los últimos días.
Según esta denuncia, Louzán y su esposa -que también fue citada a declarar y que comparte la titularidad de los locales comerciales con su marido- podrían estar cobrando un alquiler por estos bajos a un precio que estaría por encima del que establecía el mercado para el momento en el que se cerró la operación, el año 2008. El arrendatario de los locales es un conocido de Louzán, el diputado provincial del PP Severino Reguera Varela, concejal de Pazos de Borbén, empresario que a su vez cuenta con varios despachos de panadería y pastelería en distintas localidades de la provincia. Reguera Varela ya fue citado a declarar por la Fiscalía la semana pasada en relación con estos hechos. A través de una empresa de su propiedad, Brunopan S. L., alquiló estos tres locales al matrimonio Louzán y los unió a otros dos bajos comerciales para abrir en la calle Teixugueiras un único negocio que integra un despacho de pan, pastelería y cafetería con espacio para juegos infantiles.
A raíz de esta denuncia, la Fiscalía trata de dilucidar ahora si existen estos sobreprecios y, de ser así, si son constitutivos de algún tipo de delito. El ministerio público trata de averiguar si se trata simplemente de un negocio por parte del presidente de la Diputación o si estos sobreprecios, de constatarse, pudieran suponer algún tipo de dádiva, una circunstancia esta última que no tiene clara la Fiscalía, tal y como confirmó ayer el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro.
Al parecer, fuentes próximas al presidente Louzán señalaron que la denuncia anónima apuntaría unos posibles sobreprecios en estos alquileres de unos tres euros por metro cuadrado. El alquiler de los locales que percibe el presidente de la Diputación es de unos 15 euros el metro cuadrado y por aquel entonces los precios de mercado se situarían en unos 12 euros, señalan desde el entorno próximo al presidente provincial. Fuentes de la investigación indican que esto no está del todo claro ya que después de un intenso trabajo de campo por parte de la Guardia Civil, en algunos casos el precio de mercado en esa zona de Vigo podría ser más bajo, en algunos casos de hasta 7 euros el metro cuadrado.
"Todo está en orden"
"Aquí lo que se analiza es si el precio está por encima del valor del mercado", dijo Louzán, "una cuestión difícil de saber porque del año 2008 a hoy hay una diferencia evidente", valoró.
El presidente del PP confía en que la operación con el diputado Severino Reguera no va a tener ningún tipo de reproche desde el punto de vista legal: "En principio todo está en orden" señaló, "es una contratación reglada que se hizo a través de una asesoría de Pontevedra".
Tras insistir en que estos locales tienen al día el pago de los correspondientes impuestos, afirmó que "nunca se miró de ver si se pagaba ni por encima ni por debajo" sino que fue la propia asesoría la que fijó el alquiler "en base a los precios de mercado" y para "que no hubiera dudas". También destacó que "se trata de una cuestión que pertenece al ámbito privado y que nada tiene que ver con la institución", dijo en referencia a la Diputación.
El mutismo por parte del Ministerio Público es absoluto, pero el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, confirmó que por ahora se trata tan solo de unas diligencias de investigación en las que no hay "ninguna persona imputada" e indicó que las actuaciones no están siquiera judicializadas. Louzán compareció en calidad de "sujeto investigado" por lo que tuvo que acudir a la Fiscalía acompañado de un abogado. Aladro añadió que en el plazo de unas dos semanas el Ministerio Público tomará una decisión sobre si archiva esta investigación o decide continuar el proceso presentando algún tipo de denuncia o querella en el juzgado.
Fuentes de la Fiscalía, y así lo confirmó el propio Louzán en base a la información que le trasladó el Ministerio Público, indicaron que la decisión de continuar o no adelante con esta investigación va a ser tomada de forma colegiada por el conjunto de los fiscales pontevedreses en ese plazo de unas dos semanas.
Louzán entró sobre las 9.30 horas en el edificio judicial de A Parda en Pontevedra utilizando la puerta principal "como cualquier ciudadano más". El presidente de la Diputación mostró su agradecimiento a la Fiscalía por la colaboración prestada, ya que se le permitió conocer el contenido de la denuncia anónima y el informe elaborado por Hacienda. El político del PP aseguró que mantuvo una "amplia charla" con los representantes del Ministerio Público. En su comparecencia habría optado por acogerse a su derecho de no declarar y justificó esta decisión en el hecho de que "les dí la explicación de que quería ver primero la denuncia y luego esperar a ver qué es lo que nos depara, porque yo no tenía conocimiento de ella hasta ahora". Luego Louzán abandonó el juzgado por la puerta trasera, que habitualmente utilizan magistrados y fiscales y por invitación de la propia Fiscalía, según él indicó. "No tengo nada que ocultar, de lo contrario no estaría compareciendo ahora aquí ante ustedes", dijo en su posterior aparición ante los medios.
