Al menos 200 empresas radicadas en Pontevedra y que facturan un mínimo de un millón de euros al año están obligadas a tributar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al Concello. Pero no todas pagan lo que deben. Se calcula que entre "un 20 y un 25% de ellas" incurre en algún tipo de anomalía fiscal. Para combatir este fraude, que en muchas ocasiones no es aparentemente intencionado, el gobierno local puso en marcha una inspección masiva de este padrón, y los primeros resultados ya han dado sus frutos. Tras analizar "a muy pocas empresas" se ha comprobado que casi ninguna tributaba correctamente y con esta revisión inicial en la mano, se ha conseguido ya la "conformidad" de un primer grupo, que supone una recaudación extra de 753.579,49 euros para el ejercicio de 2013, una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que los ingresos habituales del Concello por este concepto rondan los 1,7 millones de euros. El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, ofreció ayer este primer balance pero no quiso desvelar la identidad de las empresas ya inspeccionadas y que han aceptado el resultado municipal. Únicamente llegó a apuntar que algunas de ellas se ubican "en el enclave de Lourizán", si bien todo apunta a que también hay compañías del sector bancario y del automóvil.
Casos habituales
Los casos más habituales de fraude en otros municipios corresponden a la declaración de menos metros cuadrados de los reales, naves que no estaban dadas de alta, cadenas o franquicias que tienen distintos locales y no hacen constar alguno de ellos o por la potencia eléctrica, al hacerse constar menos kilovatios instalados. Por ello, González Carballo reconoció ayer que "en muchos casos no hay un afán defraudatorio, sino que no se notifica una modificación complementaria que sí habría que dar de alta". De hecho, todas las empresas ya sancionadas abonaban el IAE, pero no en la cuantía real.
Los 575.000 euros de ingresos extra, suponen, aproximadamente, un tercio de lo que se calcula que podrá salir a la superficie una vez que concluya todo el proceso, que se prevé aún largo ya que este impuesto se regula por unas normas "muy garantistas", de ahí que el concejal se mostrara ayer cauto a la hora de dar detalles del proceso. Eso sí, explicó que ese medio millón de euros está conformado en buena parte por atrasos y sanciones, con lo que en futuros ejercicios el aumento real de ingresos será de unos 90.000 euros.
Aunque son alrededor de 200, según las primeras estimaciones, las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas, son cerca de mil los recibos que se cursan cada año desde el Concello. Se citó el ejemplo de una cadena de supermercados con una decena de locales en la ciudad, que es una única compañía pero que recibe una notificación de pago por cada establecimiento, es decir, suma diez recibos. Una situación parecida ocurre con las multinacionales textiles o las franquicias.
"No es aleatorio"
En todo caso, González Carballo quiso dejar ayer claro que el trabajo de los inspectores municipales contratados por el Concello se ha dirigido en primer lugar hacia aquellos sectores "que capean mejor la crisis y a los que se sospecha que la infracción es mayor", por lo que no se trata de una revisión aleatoria. Esta campaña del IAE es paralela a otra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), también en marcha desde hace un año. En una primera fase ya se detectaron en su día unos 220 inmuebles (particulares, pero también públicos y de empresas) con fraudes en este padrón, lo que suponía una merma de ingresos municipales de unos 200.000 euros.
