Necesitan nuevos socios que aporten capital y un plan de viabilidad "real" y totalmente ajenos a sus actuales gestores. Es el requisito "sine qua non" que, en opinión de los trabajadores, se debe cumplir para que Factoría Naval de Marín tenga una oportunidad para salir de la crisis que inexorablemente está llevando al astillero hacia su liquidación.

"José María Suescun, propietario, y Enrique Lago, director general, tienen que echarse a un lado y quitarse del medio para dar paso a otros socios que no estén en connivencia con esta gente", explicaba ayer el presidente del comité, Nicolás Pérez, que junto con sus compañeros se manifestaron ayer por Marín para dejar constancia pública de su crítica situación. La movilización se produjo veinticuatro horas después de que la dirección del astillero presentase ante la autoridad laboral el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo con el que quiere despedir a 35 de los 62 empleados de la plantilla con la indemnización mínima fijada por ley: veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce anualidades. Un dinero que además la empresa quiere suplir con derechos de cesión sobre la entrega del buque sísmico de Esvagst que en su día cedieron a medio construir obligados a Armón para su finalización.

Los trabajadores, que rechazan el ERE, pidieron a los responsables de Traballo (y esperan poder hacerlo en breve ante los de Industria) que exijan al astillero que cumpla sus compromisos y le adviertan que "si los rompen sean por las dos partes". Detrás de esta advertencia está el acuerdo firmado en su día entre Factoría Naval y la Xunta por el cual la administración aportaba avales por valor de 23 millones de euros y a cambio la empresa se comprometía, entre otras cosas, a mantener la estructura de plantilla fija durante su vigencia.

"Tienen que dejar claro que los despidos tendrán consecuencias" recalca Nicolás Pérez, quien a su vez señala que ellos no se quedarán de brazos cruzados.

Los despidos programados por Factoría Naval, 35, dejarían la plantilla en 27 trabajadores de los que solo diez son operarios de planta y de ellos cuatro son encargados. Con esta nómina es "imposible" que el astillero pueda dedicarse a la reparación de buques, señala el presidente del comité que teme que de prosperar el plan industrial, lo que duda, se subcontraten operarios no especializados. En este contexto Nicolás Pérez critica la negativa del astillero a comprometerse a contratar de manera preferente, en caso de que haya carga de trabajo, a los despedidos.