El futuro de la isla de Tambo, su calificación y sus usos están condicionados por una demanda en los tribunales de justicia, que mantienen los descendientes de Eugenio Montero Ríos, que reclaman la propiedad de una cuarta parte del terreno. Administraciones públicas, vecinos y entidades interesadas por el destino de la isla han iniciado un debate sobre su titularidad y sus usos, pero ese futuro está supeditado a lo que puedan decidir los tribunales sobre las seis hectáreas de terreno cuyo dominio está en litigo.

Si los descendientes de Montero Ríos logran que se reconozca su propiedad sobre una parte de la isla, la Administración pública titular del islote (en estos momentos el Estado, a través del Ministerio de Defensa), tendría que expropiar las seis hectáreas afectadas e indemnizar a sus legítimos propietarios que, por otra parte, en caso contrario tampoco podrían realizar intervención alguna en la isla, puesto que todo el terreno está afectado por el dominio público marítimo-terrestre. Su superficie aproximada de 1,5 kilómetros cuadrados y su anchura máxima de 600 metros, hace que todo el islote esté protegido por la ley de Costas.

Antecedentes

Los orígenes de esta propiedad se remontan a finales del siglo XIX, cuando en un "acuerdo bastante turbio" –como explica el presidente de la Comunidad de Montes de Combarro, Claudio Quintillán–, entre el entonces gobernador de Pontevedra, el alcalde de Poio y el ministro Eugenio Montero Ríos, éste último recibía la titularidad de una cuarta parte de la isla para su uso privado. Todo ello favorecido por el momento político y a pesar de que un Boletín Oficial anterior, de 1860, admitía que la isla pertenecía "a los pueblos de Poio". Estos datos son parte de la investigación que realizó la Comunidad de Montes de Combarro para reclamar la titularidad de la isla en 2007, cuando la Armada abandonó el islote y lo restituyó al Estado, a través del Ministerio de Defensa. La Marina había ocupado la isla desde 1943, a pesar de que una parte de la misma era de propiedad privada.

La documentación antigua acredita además que hasta 54 vecinos realizaron un aprovechamiento agrícola y forestal de la isla hasta su afección por el Ejército, circunstancia en la que basaba su reclamación de propiedad comunal el colectivo que preside Claudio Quintillán, y que recientemente ha desistido de esta demanda en favor del Concello de Poio.

Los herederos de Montero Ríos residen en Madrid y según pudo saber el presidente de la comunidad de montes de Combarro, "no tienen intención alguna de tomar posesión de la parcela cuya propiedad reivindican", pero sí quieren que se reconozca su derecho sobre el legado de Montero Ríos.

Por su parte, las administraciones públicas y colectivos sociales que promueven una protección oficial del islote pretenden lograr la declaración de Espacio Natural de Interés Local, ya que se ha frustrado su integración en el Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Las entidades que el pasado 30 de septiembre constituyeron un grupo de trabajo para buscar un futuro para Tambo coinciden también en que debe transferirse su titularidad del Estado a una Administración pública gallega, Xunta o Concello de Poio, para su aprovechamiento natural, paisajístico y turístico.

El alcalde de Poio, Luciano Sobral, aboga por la implicación de la Xunta de Galicia en su protección y restauración de los elementos arquitectónicos, para lograr un uso "público, pero controlado", al estilo de la actuación realizada en la isla de San Simón. Poio no tiene especial interés en obtener la titularidad para su ayuntamiento, pero defiende una gestión compartida Xunta-Concello.