Un total de 15 de los 19 acusados en el macrojuicio contra las redes de tráfico de droga que operan en el poblado de O Vao aceptaron ayer penas de entre tres y cuatro años de prisión tras reconocerse autores de un delito contra la salud pública y conseguir así una rebaja en la pena que inicialmente solicitaba la Fiscalía. Además, la mayor parte deberán abonar multas que oscilan entre los 2.000 y los 40.000 euros.
Son, la mayoría, miembros de tres familias de etnia gitana que residían en el poblado de O Vao, así como algunas de las personas que les suministraban la sustancia estupefaciente desde Pontecesures y Cambados. Así, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictará ahora sentencia condenatoria contra Elisa Jiménez Jiménez, María del Carmen Jiménez Jiménez, Concepción Jiménez Silva, Palmira Borja Camacho, Rocío Giménez Jiménez, Manuel María Jiménez Gavarre y José Manuel Salazar Suárez quienes aceptaron una pena de tres años de prisión. La misma condena se impondrá a dos de los suministradores en Cambados, Martín Castro Ferreiro y Carlos Sueiro Bravo. También aceptaron tres años y medio de cárcel Ana María Jiménez Jiménez, Julia Jiménez Jiménez, Miguel Camacho Jiménez y los arousanos Óscar Ramón Conles y Manuel Gómez Torres. La mayor condena, de cuatro años y 40.000 euros de multa, será para Pedro Camacho Borja, quien coordinaba uno de los grupos familiares de venta de heroína y cocaína en el poblado chabolista de O Vao.
Esta conformidad permitió que estos quince acusados abandonasen la sala una vez que reconocieron ser autores de los hechos. Todos ellos fueron detenidos en el transcurso de la "Operación Volusia", una investigación que inició la Policía Local de Pontevedra en torno a una vecina de Mourente, Ana María Jiménez Jiménez (conocida como "Pilar") y que desembocó posteriormente en una espectacular redada en junio de 2006 en la que participó más de un centenar de agentes de la Policía Nacional apoyados desde el aire por un helicóptero.
Los otros tres acusados, los arousanos Carlos Olañeta Carballa y Edelmiro González Santiago, junto con el colombiano Roberto Carlos Cuervo Quiñones, se declararon inocentes y negaron que fueran los encargados de suministrar droga a esta vecina de Mourente, Ana María Jiménez Jiménez, quien la vendía por su cuenta en esta vivienda de Pontevedra y que también abastecía a miembros de su familia que residían en el poblado.
El fiscal antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azcárraga, pide penas de 5 años de prisión para Carlos Olañeta y Roberto Carlos Cuervo y de 6 años para Edelmiro González. El Ministerio Público sostiene que eran los encargados de suministrar droga a Ana María Jiménez. En este sentido fue clave el testimonio de esta mujer, quien en un principio trató de exculpar a los tres acusados. Reconoció que los inculpó durante la fase de instrucción, aunque aseguró que lo hizo "presionada por la Policía". Ayer inició su declaración asegurando que ninguno de los tres le vendió nunca droga. Sin embargo, tras escuchar las grabaciones de los pinchazos telefónicos que realizó la Policía, esta mujer acabó por confesar otra vez que los tres acusados la abastecían de estupefaciente. "Sí, me pasaban chocolate, heroína, cocaína, de todo", acabó diciendo.
Pintura en lugar de droga
En las conversaciones telefónicas, esta vecina de Mourente dialoga con los acusados y hablan de "ir a cenar", buscar "restaurante" o "marisco" o "botes de pintura". No obstante, reconoció ante los magistrados que en realidad se trataba de una jerga y que se referían a las operaciones de compra-venta de droga. En una de las charlas le dice a uno de los procesados que "la pintura venía con aguarrás" y a preguntas del fiscal reconoció que se trataba de una partida de droga de mala calidad. También relató como una vez llamó a uno de los acusados para decirle que "ya no le buscase restaurante" y confesó que con esta frase le quería decir que no le buscase más droga puesto que la había conseguido por otros medios. Ana María Jiménez también reconoció que se referían a cocaína de la mejor calidad cuando hablaban de la de "los tres nueves". La mujer acabó detallando incluso los precios a los que vendía el gramo de cocaína.
Los tres acusados que se declararon inocentes dicen desconocer la razón por la que Ana María Jiménez los inculpa en estas operaciones de tráfico de drogas.
El juicio continuará mañana únicamente con estas tres personas sentadas en el banquillo de los acusados ya que el resto pudieron abandonar la sala. Varios de ellos hicieron uso de su último turno de alegato para justificar que se dedicasen a la venta de droga en el poblado. Algunos señalaron que padecen problemas de salud o que tienen familiares enfermos o niños que cuidar y que no tienen trabajo. Por ejemplo, Ana María Jiménez afirmó en su alegato final que "estoy enferma y no tengo otro medio para sobrevivir".
Había una última mujer imputada por estos hechos para quien el fiscal solicitó el archivo temporal de la causa debido al precario estado de salud en el que se encuentra.
En los registros efectuados por la Policía Nacional en O Vao se encontraron diversas cantidades de droga, joyas, dinero en efectivo y décimos de lotería premiados con el reintegro.
El juicio se desarrolló en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, debido a la gran cantidad de acusados que se sentaban en el banquillo y a que a las puertas de la Audiencia Provincial se concentraron numerosos familiares de los acusados, en su mayoría procedentes del poblado de O Vao, con la intención de asistir al juicio y apoyar a sus parientes.
Sin embargo, el aforo limitado de la sala impidió que pudieran entrar todos los presentes al interior de la Audiencia. Hubo algunos familiares que no lo entendieron y que hablaron de "discriminación".
