Piden 8 años para un pontevedrés acusado de difundir pornografía infantil en internet

El procesado, de 31 años, alegó que padece un trastorno psiquiátrico por su "adicción" a la red que condiciona su voluntad

 22:39  

C. GARCÍA - PONTEVEDRA Un vecino de Pontevedra de 31 años de edad, Santos Jesús R. C., se enfrenta a una pena de 8 años de prisión que solicita la Fiscalía de Pontevedra por un supuesto delito de posesión y distribución de pornografía infantil a través de internet.

Durante el juicio que tuvo lugar ayer en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que se celebró en su mayor parte a puerta cerrada, la defensa del acusado y él mismo alegaron que padece un trastorno psiquiátrico a consecuencia de su "adicción a internet" y que condicionaría su voluntad a la hora de actuar. La defensa avaló esta tesis con un informe elaborado por un psiquiatra que declaró ayer durante el juicio.

El encargado de ejercer la acusación pública, el fiscal especializado en delitos informáticos, Luis Uriarte, explicó al término de la vista oral que no duda de que el procesado pueda sufrir una supuesta adicción a internet, pero añade que ésta no justificaría el hecho de que se dedicase a descargar y distribuir imágenes de contenido pedófilo, ya que "en la red se pueden hacer otras muchas cosas más". Por lo tanto, no tuvo en cuenta esta supuesta patología a la hora de solicitar la pena y mantuvo al finalizar el juicio los 8 años de cárcel que reclamaba inicialmente.

El procesado no rechazó que en su ordenador personal, así como en varios discos compactos y DVD, se encontraron numerosos archivos de contenido pedófilo, aunque negó que tuviera conocimiento de que también los estaba difundiendo entre el resto de usuarios de internet mediante las denominadas redes "Peer to Peer" o "P2P". Un extremo al que tampoco da credibilidad el fiscal ya que califica a Santos Jesús R. C como "un usuario avanzado del Emule", el programa con el que supuestamente realizó las descargas de pornografía infantil y que cuenta con una carpeta para compartir los archivos que se descargan con otros internautas.

En cualquier caso, Luis Uriarte aclaró que el procesado "no era el productor de la pornografía, sólo la distribuía".

Durante el juicio también declararon los especialistas en delito tecnológicos de la Guardia Civil que investigaron el caso. Éstos señalaron que, tal y como indica el Ministerio Público en su escrito de acusación, durante el registro del domicilio del procesado, en una céntrica calle de Pontevedra, se halló abundante material pedófilo, incluido un archivo comprimido con 1.839 fotografías y vídeos algunos de ellos con imágenes de sexo explícito con menores.

Un militar de la Brilat detenido en esta misma operación ya fue condenado

Aquella denuncia ciudadana interpuesta en julio de 2006 ante el cuartel de la Guardia Civil de Santoña desembocó en una de las más importantes operaciones contra la pornografía infantil desarrollada en España. Los detenidos e imputados en aquel entonces comienzan ahora a desfilar por los banquillos de las correspondientes Audiencias Provinciales. De hecho, ya hay varias condenas contra algunos de los implicados.

Es el caso de otro pontevedrés arrestado durante aquel operativo policial, Agustín R. C., de 56 años de edad, militar de la Brilat que estuvo desplazado en Afganistán entre octubre de 2006 y febrero de 2007. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso en junio de este año una pena de cuatro años y medio de prisión.

Otro hombre de 55 años, natural de Burgos y residente en Basauri, fue condenado a cuatro años de cárcel por la Audiencia de Cantabria.

La redes "P2P" de nuevo en el punto de mira de los pedófilos

Habitualmente utilizadas para descargar y compartir archivos de música o vídeo, este caso vuelve a poner de manifiesto que las redes "Peer to Peer" o "P2P" son "el medio más eficaz e idóneo" para la distribución de pornografía infantil a través de internet, tal y como destacó el propio fiscal Luis Uriarte en su acusación.

El peligro de este tipo de redes es que, cuando el delito de difusión de pornografía infantil se lleva a cabo a través de ellas "se incrementa de una manera desproporcionada el ataque al bien jurídico protegido –la indemnidad sexual de la infancia– al alcanzar la distribución del material no sólo a un usuario sino a miles", intentando los pedófilos camuflarse entre todos ellos.

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