El fiscal jefe de la Audiencia Provincial continuó ayer con la ronda de declaraciones para esclarecer si existió algún tipo de delito en las movilizaciones que llevaron a cabo los vecinos de Monte Porreiro ante las viviendas de las familias gitanas procedentes del poblado de O Vao. En referencia a este caso, Juan Carlos Aladro matizó que la Fiscalía no está inmersa en este proceso "para arreglar el problema social, sino para aclarar un posible ilícito ya sucedido".
En este sentido, el máximo responsable del Ministerio Público en Pontevedra señaló que en los próximos días continuarán con las diligencias informativas con más declaraciones "para concretar la imputación y la identificación de otras personas que, aparentemente, han tenido una actividad de mayor trascendencia en estos hechos". Estas comparecencias pueden ser tanto en calidad de imputados como de testigos. Aladro explicó que la investigación será breve y se "acabará muy pronto", ya que el supuesto delito "no da para tanto". Una vez que cuenten con todos los datos en su poder, decidirá si se remite el caso al juzgado y formula algún tipo de acusación o se archivan las diligencias informativas.
Coacciones y amenazas
Después de que el lunes prestaran declaración los directivos de la asociación de vecinos de Monte Porreiro, Mario Lago y José Manuel Dopazo (a quien Pueblo Gitano acusa de coacciones, amenazas y un delito contra los derechos de las personas), ayer comparecieron ante el fiscal tres representantes de cada una de las familias gitanas realojadas en O Vao: Rocío Juncal, Magdalena Montoya y Antonio Jímenez.
Fiscalía no quiso revelar el contenido de las declaraciones, ya que desde el Ministerio Público se muestra un mutismo absoluto sobre estos de aspectos de la investigación. Sí recordó que Lago y Dopazo prestaron declaración en calidad de imputados para "salvaguardar todos sus derechos".
Los tres acudieron a los juzgados de A Parda acompañados del presidente de Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, y del abogado del colectivo, Fernando Romai, quien señaló que todo el mundo "merece una oportunidad de integración que no tuvieron estas familias en Monte Porreiro". Añadió además, que "hay muchas formas de intimidación" como es el hecho de "300 personas rodeando una vivienda en la que se encuentran sólo 9".
