Ayer, tras cinco días de sesiones, se ponía fin al juicio contra el alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, por prevaricación administrativa continuada. Un delito por el que la Fiscalía y el sindicato CIG, personado como acusación popular, piden la pena máxima: diez años de inhabilitación. En su alegato final, el regidor defendió que él solo es "culpable de confiar en la gente". Sin embargo, la fiscal aseguró en sus conclusiones, que en el ayuntamiento limiao no había procesos de selección en las contrataciones, sino que "solo existía el dedo del acusado que señalaba" a quien entraba a trabajar.

Un argumento que apoyó la acusación popular que además ha solicitado la apertura de nuevas diligencias que investiguen la implicación del resto de concelleiros de la xunta de goberno en los hechos, porque "también podrían ser culpables del mismo delito, pues conocían las prácticas irregulares" que se seguían en el consistorio.

Por su parte, el abogado de la defensa solicitaba su libre absolución y colocó al secretario, Demetrio Martínez, como responsable, pues "era él quien instruía los expedientes y se los daba a firmar al alcalde", indicó. Además de aseverar que el funcionario habría incurrido en un delito de falsedad en documento oficial al haber elaborado, siempre según la versión de la defensa, los informes negativos a los contratos meses después, cuando la Subdelegación del Gobierno de Ourense los requirió por irregulares y "él no tenía nada hecho", afirmó.

El letrado también expuso durante su intervención que en el caso de un cargo político, la inhabilitación "puede tener efectos similares a las penas de prisión porque va a afectar a su futuro".

En su recapitulación de todo lo expuesto por los testigos y el propio acusado durante la semana, la fiscal aseguró que el alcalde "mintió en todas sus declaraciones". Se refirió primero al argumento expuesto por Antonio Pérez en el que aseguraba que no leía lo que le traía el secretario por su total confianza en él. "Si esto es cierto, solo hay dos opciones, o que no le interesaba lo más mínimo o que miente", resumían el Ministerio Fiscal.

Pérez indicaba el pasado lunes que el secretario municipal no le informaba de la ilegalidad de los contratos que él autorizó con su firma. Una versión que se contradice con la del exsecretario, su exadjunta y la exinterventora, según la Fiscalía, los únicos testigos "que en realidad pueden arrojar luz sobre los hechos porque eran los que estaban allí". Los tres funcionarios declararon ante la juez haber avisado de manera oral y por escrito de lo fraudulento de los contratos.

Para la Fiscalía la situación está clara. "El alcalde, mediante contrataciones fraudulentas, llegó a convertir en indefinidos a quien a él le convenía por la puerta de atrás", aseveró ayer. Es por ello que la fiscal solicitó para Antonio Pérez una condena ejemplarizante en su grado máximo, con la finalidad de "acabar con la idea de que los alcaldes pueden contratar en los concellos a quien les viene en gana", concluyó.