El edificio que alberga desde hace dos años la gran mayoría de juzgados de Ourense -costó 17 millones de euros- se puso en funcionamiento sin una sala para que las víctimas de violencia de género y sus allegados no tuvieran que cruzarse con los presuntos agresores y su entorno, en la tercera planta, donde está Instrucción 3, el que asume las competencias de Violencia de Género. El espacio se habilitó en el verano de 2015, después de que el Colegio de Abogados, el juez decano y una de las anteriores magistradas del 3 urgieran soluciones a la Xunta. Pero la posibilidad de conflictos entre víctimas y denunciados, y sus allegados, aún se mantendría en el juzgado ourensano. Así lo constata la actual magistrada de la especialidad, Eva Armesto. En contraposición, la administración autonómica lo niega y afirma que el inmueble "tiene recursos para que se puedan adoptar medidas de protección" a las mujeres maltratadas, aludiendo a varios espacios habilitados al efecto.

Según respuesta de la magistrada a una serie de preguntas remitidas por FARO, "en el juzgado de guardia no hay espacio habilitado al efecto y sí que ha habido algún incidente entre víctima y denunciado". Eva Armesto también asegura que "tampoco el juzgado dispone de espacio adecuado para tal fin en la sala de vistas de los asuntos civiles, derivados de los procedimientos de violencia sobre la mujer". Según la especialista, en una de las últimas sesiones de juicios "acabaron denunciando en el juzgado de guardia lo que había ocurrido al encontrarse en el exterior de la sala de vistas". No son las únicas carencias que relata la magistrada Armesto: "A todo esto se añade que la entrada y salida del edificio y de las dependencias es común para todos, y se encuentran".

Este periódico pidió una explicación a la Xunta, titular del inmueble judicial de O Couto. La administración dio una explicación prolija. El edificio, asegura la consellería de Xustiza, tiene recursos para que por parte de los órganos jurisdiccionales se puedan adoptar las oportunas medidas de protección de las víctimas". La administración recuerda que en el tercer piso, donde está Instrucción Número 3, "hay 4 despachos habilitados y equipados". Uno es la sala adaptada -con meses de retraso- para atender a las mujeres maltratadas, "separándolas de la zona común y pública de espera".

Los despachos emplazados en la tercera planta, añade la Xunta, "se pueden usar para recibir declaración a las víctimas y perjudicados, fuera de la oficina judicial, con la debida intimidad y para evitar la confrontación visual entre la víctima y el supuesto autor". La administración argumenta que dichos espacios "tienen comunicación con la zona restringida del edificio judicial, facilitando que la víctima pueda salir de él, siempre acompañada de personal competente, sin tener que usar la misma vía de salida que el resto del público".

La Xunta también indica que el nuevo edificio "dispone de tres equipos móviles de videoconferencia que se pueden emplear para evitar la confrontación visual y física entre la víctima y el presunto autor de los hechos, durante la celebración de los juicios". A mayores, completa la titular del inmueble, "hay una sala de testigos al lado de las salas de vistas, en la zona restringida, que tiene múltiples utilidades". Se puede destinar a "zona de espera de la víctima", en el juicio o para evitar salir al mismo tiempo que el acusado, así como a "zona de uso para videoconferencia, sin perjuicio de que se pueda usar otra sala de vistas simultáneamente". También como "zona de evacuación por el espacio interior, separada de la salida pública".

Sobre el juzgado de guardia, la Xunta subraya que "hay comunicación interna por la zona restringida" con los espacios ya descritos. Asimismo, "los calabozos tienen acceso diferenciado y separado del resto de los ciudadanos que comparecen en la sede judicial, contando además con servicio de seguridad que, con las debidas precauciones, garantizan la salida por separado".