Adolfo Enríquez Méndez, párroco de Vilanova dos Infantes (Celanova) desde 1969, fue víctima de un homicidio, a golpes, durante el asalto a la casa rectoral, en marzo de 2015. El religioso tenía 77 años y se había granjeado el aprecio de feligreses y vecinos por su bonhomía y generosidad. Muchas personas sin recursos acudían a pedir limosna y caridad. Los dos únicos sospechosos del robo violento y de su homicidio fueron detenidos a mediados de enero y puestos en libertad provisional por falta de pruebas. Elvir F., de 37 años, y su sobrino Arsen, de 30, ambos de nacionalidad croata, continúan como investigados en un caso abierto -con más de 4.000 folios- que aún no ha reunido más indicios en su contra.
Tampoco hay rastro alguno del paradero de la Virxe do Cristal. La talla del siglo XVII, de más valor devocional que económica, desapareció en el crimen. La Guardia Civil contribuyó a las pesquisas con expertos en patrimonio pero no se han localizado pistas. El procedimiento judicial no se ha archivado porque la gravedad de los hechos -un crimen por esclarecer- exige explorar todas las posibilidades. El juzgado de Celanova está a la espera de que Estados Unidos conteste, mediante comisión rogatoria, a la solicitud de información sobre los mensajes que los sospechosos pudieron intercambiar el día de los hechos a través de las redes sociales Facebook o WhatsApp.
El tiempo aún no apremia, pero es posible que en su momento la Fiscalía solicite el sobreseimiento provisional -esa decisión no cerraría el caso definitivamente pero detendría el plazo de instrucción- si considera que la espera puede descontar el tiempo disponible para la investigación judicial, que tras la última reforma es de un máximo de 36 meses. El pasado mes de julio, la magistrada de Primera Instancia e Instrucción de Celanova, Olalla Para, declaró el caso de especial complejidad, alargando el periodo de diligencias desde los 6 iniciales hasta el siguiente trámite máximo de 18 meses. Lo hizo a petición de la Fiscalía, que requirió más tiempo "como mecanismo para asegurar la correcta averiguación y esclarecimiento de los hechos investigados: robo con violencia y asesinato". El fiscal se basó en que "nos encontramos ante un delito cuya investigación está siendo especialmente compleja, por la forma en que se ha producido y por la necesidad de la práctica de múltiples periciales". Este segundo plazo -que aún podría prorrogarse una vez más- finaliza hasta 2018.
El asesinato de Adolfo Enríquez se instruye desde el momento en que fue localizado el cadáver, en marzo de 2015, pero el reloj de plazos no ha contado hasta el pasado mayo de 2016, que fue cuando la magistrada instructora alzó el secreto de sumario. La juez Olalla Para declaró secreta la causa para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, el 21 de marzo de 2015. Alzó la medida en un auto de fecha 16 de mayo, días después de que los investigados recuperaran los teléfonos incautados por la Guardia Civil tras los arrestos.
A mediados del año pasado, el juzgado de Celanova que instruye el caso remitió oficios a la sede central de la compañía Facebook, en Menlo Park (California, Estados Unidos), en un intento de los investigadores por conocer las conversaciones de interés para los hechos que los investigados pudieron mantener en el sitio web de esa red social, que cuenta con un chat interno. También se había requerido informe al servicio de mensajería de móvil WhatsApp.
Otro oficio a Luxemburgo
Al parecer, el juzgado también pidió información a Skype, en Luxemburgo, para que informara sobre las comunicaciones, pero la compañía contestó diciendo que no almacena datos más allá de 60 días.
Los dos únicos sospechoso fueron puestos en libertad provisional hace un año, obligados a comparecer periódicamente ante la Policía o en un juzgado, como medida cautelar. La defensa solicitó desde el primer momento que se decretara el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Como ha sostenido en diversas ocasiones, a entender del letrado no existen indicios suficientes para mantener un proceso contra sus dos clientes, quienes, según el defensor, han sufrido un perjuicio personal y en su entorno, hasta el punto de no encontrar trabajo, al ser asociados al crimen del religioso.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, apoyada en las pesquisas por la UCO central, sostiene que los detenidos fueron los autores, unos de los mendigos que asiduamente acudían a la rectoral de Vilanova dos Infantes a pedir limosna a Adolfo Enríquez, cuya generosidad y bonhomía fue destacada por todos los vecinos y entrevistados por los investigadores.
El día de los hechos, el 9 de marzo de 2015, los sospechosos fueron vistos en Vilanova y presuntamente regresaron esa misma noche para robar. Adolfo Enríquez falleció a golpes. Los dos croatas se acogieron a su derecho a declarar al ser arrestados por la Policía Judicial de la Guardia Civil. Sí habían respondido preguntas cuando aún mantenían la calidad de testigos, durante la investigación policial. Uno de los sospechosos, Arsen, reconoció que había acudido a la rectoral y que la víctima le había entregado 60 euros, pero sostuvo que la noche del crimen estuvieron en Ourense.
