El nuevo juzgado civil de Ourense, el séptimo de Primera Instancia, que liberará a los de Familia y Mercantil para que operen como exclusivos, aún no está listo. La Comisión Mixta integrada por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) propusieron su puesta en marcha en noviembre, entre un total de tres nuevos juzgados y dos plazas más de magistrado para toda la comunidad. Pero es el Gobierno central el que amplía la planta y por ahora no ha dictado el correspondiente Real Decreto. Después, se abrirán los concursos para adjudicar las plazas de magistrado titular y de los funcionarios, así como la instalación física -ocupará uno de los espacios vacíos en la 5ª planta del nuevo edificio de O Couto- y la asignación de medios materiales.
Tras el anuncio de la Comisión Mixta se apuntó a febrero de este año como horizonte temporal posible para la entrada en funcionamiento de la nueva sede. La judicatura de Ourense asume ahora que el estreno del nuevo órgano civil podría demorarse a cerca del verano. A preguntas de este periódico, la consellería de Xustiza confirma que "el órgano judicial propuesto (un juzgado de primera instancia) no está ni tan siquiera creado. Dicha creación corresponde al Gobierno de la Nación a través del correspondiente Real Decreto. Una vez, creado, y previo acuerdo o informe de las administraciones competentes en materia de medios materiales, por orden del Ministerio de Justicia se acuerda el día y mes de la entrada en funcionamiento. En definitiva, estamos a la espera de los pasos anteriores para dicha puesta en funcionamiento".
Plantilla y funciones
El nuevo edificio judicial de Ourense se inauguró en abril de 2015 con oficinas y despachos sin ocupar, previendo que en el futuro se pudiera ampliar la planta. El séptimo primera instancia se instalará casi con seguridad en el 5ª piso, que aún dispone de habitáculos sin ocupar. El nuevo tribunal civil de la ciudad, que tramitará desde reclamaciones de cantidad a pleitos contra productos bancarios o procesos de desahucio, estará formado por un magistrado, un letrado de la administración de justicia -antes conocidos como secretarios- y siete funcionarios. De estos últimos, dos serán gestores, cuatro tramitadores y uno de la categoría de auxilio. La puesta en marcha de las nuevas dependencias judiciales requiere, por cada una, una inversión de 250.000 euros para las arcas autonómicas. La administración autonómica es la que se encarga de dotar los medios y el personal necesarios, excepto los secretarios y jueces, cuyo concurso depende del Ministerio de Justicia.
El nuevo órgano judicial es el primero que se estrenará en la provincia de Ourense desde la puesta en marcha del Social Número 4 en el año 2010. Tendrá efectos de descongestión para otros dos. Una junta de jueces de lo civil celebrada en 2015 aprobó liberar del reparto a los de Mercantil y Familia -Primera Instancia 4 y 6, respectivamente-, una vez esté operando el séptimo. Así ambos tribunales operarían, de facto, como juzgados exclusivos.
En uno, las cuestiones de familia (divorcios, custodias de hijos, pensiones de alimentos) son urgentes. Otro tiene en sus manos la viabilidad de empresas (desde el proceso concursal de una minera a la liquidación de una pequeña cafetería). Un retraso en el Mercantil, que en 2011 aún arrastraba casos de 2004, implica una demora en ERE y concursos (entre 2008 y 2014 se presentaron un total de 270 procesos de acreedores; al cierre de 2015 se registraron 32 pero quedaban 171 pendientes de resolver. En 2016 hubo 82 contando los de personas físicas). La carga de trabajo actual es del 218%, según la última estadística.
Familia resolvió casi un millar de procedimientos en 2015 -el último año completo con datos publicados- y, no obstante, el número de asuntos pendientes creció de 700 a 730 ese mismo año, tras ingresar 977 casos. Con la puesta en funcionamiento del 7º Primera Instancia y el paso de unos meses, la reducción de la carga de trabajo debería notarse en estas dos sedes.
