Los funcionarios de los juzgados de lo Penal de Ourense no se resignan y, con el sindicato "Alternativas na Xustiza - CUT" liderando la reivindicación, quieren que la Xunta de Galicia dote los medios necesarios e interceda ante Justicia para disponer de una oficina de refuerzo que actuaría como tercer penal de facto. La Comisión Mixta integrada por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia propuso un séptimo juzgado civil para la ciudad, pero descartó la posibilidad de un tercer penal basándose en que los números actuales no son suficientes por "en criterios puramente objetivos", según el TSXG.

A pesar de que el sindicato puso sobre la mesa datos como que la pendencia de asuntos es la mayor de la comunidad -un 50% superior a la media de los juzgados homónimos- y que la suma de las ejecutorias ingresadas y reabiertas supone un 58 % más que la media gallega (740 expedientes). La central sacó a la luz que, por el atraso crónico que sufrieron ambas sedes durante años, solo en 2015 más de 120 delitos quedaron sin castigo al prescribir. En la actualidad todavía acumulan unas 1.400 condenas firmes en trámite de ser ejecutadas.

Para impedir que vuelva a suceder, la Xunta se comprometió a mantener los 5 funcionarios de apoyo adscritos en ambos juzgados desde mayo de 2014. Además, el presidente del TSXG, el ourensano Miguel Ángel Cadenas, cumplió el compromiso de destinar en los penales al Juez de Adscripción Territorial (JAT) al servicio de la provincia de Ourense. Desde finales de diciembre, el Penal 1 y el Penal 2 cuentan con el apoyo del JAT Ricardo Pailos Núñez. Unos días celebra vistas en una de las sedes y otros, en la otra. Con él son tres los magistrados disponibles para resolver casos en la instancia que más juicios del orden penal celebra en la provincia (robos, violencia de género, delitos viales y todos los que conllevan pena inferior a 5 años). Los dos penales están señalando juicios a unos siete meses vista.