Tras varios intentos de interrogatorio en vano del testigo clave, la nueva magistrada del caso del 10%, el que investiga si en Ourense se favoreció a promotores al no exigirles la cesión a suelo público de al menos ese porcentaje de sus proyectos, ha ordenado la declaración "urgente e inmediata" de Mariano Rodríguez, exsecretario del Concello. Dado que la videoconferencia no es posible debido al delicado estado de salud del funcionario, ya jubilado, el acto se llevará a cabo en su domicilio de León. La juez decide que sea interrogado con un cuestionario previo elaborado con las preguntas propuestas por las partes.
La titular de Instrucción 3, Eva Armesto, adopta esta decisión tras tomar las riendas de un caso que inicialmente instruía el decano Leonardo Álvarez, magistrado de Instrucción 1. En agosto se apartó voluntariamente del proceso para no incurrir en causa de recusación. Era incompatible que siguiera con el caso, puesto que la denunciante del 10% es la exedil del PSOE Áurea Soto, la misma que le presentó una querella por presunta prevaricación, haciendo que prestara declaración como investigado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Armesto asume las competencias en materia de Violencia de Género y entre sus casos más conocidos está el que mantiene imputados a José Manuel Baltar y a su padre y predecesor, por el presunto ofrecimiento de empleo por parte del primero a una mujer tras una supuesta relación sexual.
Imputados Cabezas y exediles
El caso del 10%, que fue reabierto por la Audiencia tras considerar "prematuro" un archivo dictado por el juez Álvarez, mantiene investigados al exalcalde Manuel Cabezas y a dos de sus exconcejales de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador y Julio Díaz Salcedo.
Soto denunció en 2014 una presunta malversación de los gobiernos de Cabezas por "regalar" suelo al no haber exigido, entre 1999 y 2002, la cesión de al menos el 10% de los aprovechamientos privados. Aportó un informe del Consello de Contas que censuraba la gestión del ayuntamiento, y otro municipal que cifró en 1,6 millones de euros la cantidad que el Concello dejó de ingresar en 15 promociones.
Cabezas declaró en marzo cmo imputado, por primera vez, y 9 años después de abandonar el cargo. Usó en su defensa el acuerdo adoptado por un pleno de 1994 -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo -que aprobó por unanimidad -salvo por una abstención- no exigir los aprovechamientos por falta de plan urbanístico adaptado. La decisión se adoptó tras el informe en ese sentido del secretario.
El debate de la prescripción
La Fiscalía había mantenido una postura proclive al archivo. Pero tras la reapertura de la Audiencia Provincial, que no apreció prescripción, en un escrito de 7 de octubre, el fiscal jefe, Florentino Delgado, propuso la citación como investigador del exregidor Veiga Pombo, "por aparecer como presuntamente responsable en los delitos de malversación y prevaricación". También solicitó que el Concello certifique el momento a partir del cual dejó de aplicarse la exención del 10% acordada en aquel pleno.
La nueva instructora acepta la remisión de la documentación, pero no investigar a Veiga Pombo, que gobernó Ourense entre 1987 y 1990, y antes que Manuel Cabezas, entre 1991-1995. En un auto de 13 de octubre justifica que "no ha lugar" al interrogatorio de exalcalde, aun con la interpretación de la Audiencia. Señala Eva Armesto que desde el pleno de diciembre de 1994 hasta la fecha han transcurrido "más de 20 años, lo que supera el plazo de prescripción de 15".
