La gestión realizada desde que se hizo cargo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), hace diez meses, empieza a dar sus frutos. Ha resuelto el problema del consorcio de servicios sociales, mediante la firma de un convenio, con lo que "se dotó de estabilidad, por lo que está resuelto", y ha conseguido solucionar también la situación de los centros de salud, tras un amago de judicializar el conflicto, para que la Xunta asumiera los gastos de mantenimiento.
-¿Qué ventajas implica para los concellos la firma del primer acuerdo?
-Hemos firmado un convenio, referente a servicios sociales, para determinar exactamente cuánto tiene que pagar cada concello por las escuelas infantiles que está gestionando el consorcio y los centros de día. Se ha fijado una cantidad por usuario, por lo tanto cada ayuntamiento sabe lo que tiene que pagar al año, en función del número de alumnos de su escuela infantil, y el resto lo pone el consorcio.
-¿Por qué normas se regía el servicio, hasta ahora?
-Aunque todos los municipios tenían firmados convenios con el consorcio, ese convenio no se estaba cumpliendo, por lo que había concellos que lo estaban abonando, otros no lo pagaban, y las cantidades no eran las mismas, en unos y en otros, porque los convenios eran diferentes, dependiendo de la época en la que se habían firmado. Y ahora, a partir del vencimiento -la Xunta va a respetar los convenios firmados-, todas las escuelas infantiles y los centros de día se regirán por la misma norma: el convenio que hemos firmado.
-¿Cómo se ha desbloqueado el conflicto de los centros de salud?
-Hace año y medio, ante la negativa de la conselleira de Sanidade de hablar de que la Administración gallega asumiera los centros de salud, habíamos tomado un acuerdo, en la junta ejecutiva, incluso de recurrir a la vía judicial. Posteriormente, yo retomé las conversaciones con el nuevo conselleiro, y hace quince días han asumido hacerse cargo de los gastos de los 29 centros de salud que a 31 de diciembre de 2015 tenían todos los papeles terminados. En estos momentos tenemos seis o siete nuevos centros que han concluido la gestión, pero esos han quedado para otra remesa.
-¿En qué momento se empezará a aplicar el acuerdo?
-Tendrán que ir al notario, en las próximas semanas, para hacer el acta de cesión, de los concellos a la Xunta.
-Es una gran noticia para el municipalismo.
-Sí, porque los ayuntamientos van a dejar de pagar el mantenimiento de los centros de salud, que a partir de ahora afrontará la Xunta. Por otra parte, la Administración autonómica va a construir este año diez centros de salud más.
-¿Los concellos y la Fegamp están preocupados por la formación del nuevo Gobierno?
-Estamos preocupados, porque entre otras cosas tenemos una Ley de Sostenibilidad que hay que derogar, para hacer una nueva Ley de Bases de Régimen Local. Para nosotros es vital que eso se resuelva cuanto antes, porque estamos sometidos a una presión excesiva, que no nos permite gastar siquiera el dinero que tenemos. Eso nos parece absolutamente inaceptable.
-Porque los concellos han cumplido.
-Los concellos somos la única administración que cumple en este país. Necesitamos que todo eso se reforme, mediante consenso con los interesados: la federación española, pero también con las federaciones autonómicas.
-¿Cuáles son las castañas que tiene que sacar del fuego con urgencia el nuevo Gobierno?, dentro del campo del municipalismo.
-Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que es inconstitucional la Ley de Sostenibilidad que aprobó Cristóbal Montoro. Por lo tanto, esa ley hay que reformarla. También hay que hablar del techo de gasto y del control de gasto. La clave no está en que no haya que controlar el gasto y ser rigurosos, que eso no lo discute nadie, lo que discutimos es qué hacemos con el dinero que tenemos de superávit. Los ayuntamientos están teniendo superávit. Concretamente, en el año 2015 acumularon más de 5.000 millones de euros en superávit, y ahora tenemos problemas para invertir ese dinero, en necesidades propias de cada uno de los concellos.
-¿Los concellos tienen dificultades para disponer de esos fondos?
-Los concellos pueden gastar los 5.000 millones, pero están obligados a dedicarlos exclusivamente a las funciones que establece el Gobierno, que no tienen por qué coincidir con las necesidades de los vecinos. Yo lo puedo gastar en abastecimiento, pero a lo mejor tengo cubierta esa materia y necesito invertir en deportes.
-¿La normativa existente está encorsetando las inversiones municipales?
-Claro, la falta de Gobierno dificulta que los concellos puedan invertir los 5.000 millones que tienen de superávit. Cada año que pasemos con este paraguas, para nosotros es un problema. Y hay otro tema todavía más grave: no podemos cubrir las plazas que nos quedan vacantes. Eso está generando dificultades en la prestación de los servicios.
-¿El líder socialista, Pedro Sánchez, debería poner sobre la mesa estas exigencias, en el caso de que al final prospere la formación del nuevo Gobierno?
-Permítame que yo no vaya más allá de lo que me corresponde.
-¿No estaría demás que se plantearan estos temas?
-Estos temas se van a tener que poner encima de la mesa. En los seis meses de legislatura que hubo, se presentó una proposición no de ley para que se derogara la Ley de Sostenibilidad, por lo tanto yo estoy seguro de que en cuanto las Cortes empiecen a funcionar, el PSOE presentará una proposición para que se derogue esta ley. A partir de ahí, habrá que negociar y aprobar una ley nueva. Yo creo que el gobierno que salga, si sale gobierno, va a estar en minoría, y la inmensa mayoría del Parlamento está a favor de que esto cambie. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que va a cambiar. Eso sí, se necesita gobierno; mientras no haya gobierno, no cambiará.
