Las cuestiones relacionadas con la política de Personal y Recursos Humanos mantienen la senda de la controversia de los últimos mandatos. Así, en la jornada de ayer, el portavoz del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero, anunció la presentación de sendos recursos de reposición a las plazas convocadas por el gobierno municipal para cubrir los puestos de Educador Social del CIM (Centro de Información a la Mujer) y de un médico para la UCA (Unidad de Conductas Adictivas) del Concello. Y esgrime como argumentos la "vulneración" de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y, en el segundo de los casos, que la convocatoria "no se ajusta a la normativa vigente".

Pero Barquero, vinculó las convocatorias de estos dos procesos a la llegada del nuevo jefe de Servicio de Recursos Humanos y personal, Javier Rodríguez Nóvoa, cuyo proceso " fue diseñado y hecho a medida para la contratación del que fuera concejal del PP,", y que le lleva a afirmar que "se pretende implantar la política clientelar del Partido Popular que funcionaba antes", y que "consiste en colocar a militantes y simpatizantes".

Entre los argumentos expuestos por Barquero, que estuvo acompañado por los ediles Javier Rey, Juana Ageitos y García Tejerina, pero no así por la que fuera responsable de Personal en el gobierno socialista, Carmen Rodríguez, en lo que se refiere al de educador social, es que la contratación se plantea como una cuestión necesaria y urgente, pero "no se justifica ni la necesidad ni la urgencia de dicha contratación".

Además de considerar que se establece un procedimiento y unos criterios de selección que vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad al estar la Comisión de Valoración compuesta por tres miembros previamente seleccionados por la Concejalía de Recursos Humanos.

En el caso de la contratación del médico de la Unidad de Conductas Aditivas del Concello, destaca que el Colegio oficial de Médicos de Ourense presento recurso de reposición en base a que la convocatoria y el decreto de la misma no se ajusta a la legislación vigente y a la normativa que regula los procesos de selección y contratación de este tipo de personal.

Unas acusaciones que rechazó de plano la concejal de Personal, flora Moure, que además defendía el procedimiento que se siguió, cuyas pautas "no se apartan ni una coma de lo que dejó establecido el anterior gobierno socialista".