El proyecto de Aspanas Termal se vino abajo y el final es estruendoso: un centenar de trabajadores despedidos, una deuda millonaria y el sueño fallido de una iniciativa para la integración sociolaboral de personas con una discapacidad intelectual. Lastrada por las deudas, la entidad entró en concurso de acreedores en noviembre de 2015. Primera Instancia Número 4 de Ourense, el órgano mercantil de la provincia, ha declarado la disolución de la sociedad y ha abierto la fase de liquidación. La resolución, dictada en fecha 17 de junio, fue publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE). El juzgado acuerda la suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio.
Intentar enjugar una deuda que llegó a los 3,6 millones de euros de pasivo resultará imposible. Aspanas Termal S.L.U. apenas mantiene activos que aporten ingresos: mobiliario de oficina, máquinas de coser, un par de furgonetas, ordenadores y, como gran atractivo, la concesión del Concello de Ourense para la gestión del camping de Untes.
La única instalación para campismo de la capital, la primera en Galicia adaptada a personas con problemas de movilidad, fue inaugurada en 2010 tras casi dos lustros de gestiones. Lleva ya 9 meses cerrada. La maleza y el abandono invaden el recinto y su reapertura se encuentra bloqueada por la situación concursal de la entidad. El ayuntamiento ha iniciado un expediente para resolver el contrato, con la intención de tramitar un nuevo proceso de adjudicación.
Al margen del futuro próximo de ese activo, según explica la administradora concursal, Yolanda Barreiro, la fase de liquidación se abre sin que la sociedad haya presentado un convenio de pago, quita y espera. Los principales acreedores son Hacienda, la Seguridad Social, alguna entidad bancaria así como varios trabajadores despedidos cuyas indemnizaciones -sin perjuicio de que las compensaciones terminen saliendo del Fogasa- no fueron asumidas por la asociación matriz, al no existir una condena de responsabilidad solidaria (una minoría).
La administradora presentará hoy el plan de liquidación en el juzgado de lo Mercantil de Ourense. A partir de este trámite, comienza un plazo de 3 meses, con la posibilidad de otros 30 días más de prórroga, para acometer la venta de los bienes de la sociedad. Después de la aprobación del plan de liquidación, el resto de acreedores personados podrián solicitar o no la apertura de una pieza para determinar si existió una gestión culpable. La administradora también puede declarar responsabilidades de oficio si concluye que hubo mala praxis.
El concurso de acreedores no es la única vía judicial abierta. En la penal, el exrepresentante legal de Aspanas Termal espera fecha de juicio, acusado de un manejo irregular de la mercantil. Presuntamente, Juan José Rodríguez realizó operaciones financieras a espaldas de la junta directiva. FARO ha tenido acceso a los términos de la acusación en su contra. La Fiscalía le atribuye un delito societario. Ofrece dos posibles calificaciones. Por el tipo delictivo más grave, solicita 2 años de prisión y multa de 1.620 euros. La otra alternativa es más beneficiosa por la reforma penal: 1 año de prisión. En cualquier escenario, la Fiscalía reclama que Juan José Rodríguez se haga cargo de abonar a una entidad bancaria una deuda de más de 80.400 euros, reclamado a la asociación matriz, Aspanas. El exgerente de esta última y exresponsable legal de la división termal tendría también que hacer frente a las cantidades que reclama otra entidad a la asociación.
Rodríguez tenía plenos poderes como gerente de Aspanas, pero la nueva junta directiva llegada en febrero de 2013 estableció la obligación de que pusiera en su conocimiento cada acción que realizase. Según el ministerio público, el acusado, responsable legal de Aspanas Termal -su esposa Rosa Carrera era la gerente-, firmó un contrato en abril de 2013 por el que la asociación se convertía en garante dela segunda por casi 167.000 euros. Una cantidad que una entidad había concedido a Aspanas Termal como anticipo de una subvención para el coste salarial.
La Fiscalía sostiene que el acusado era conocedor de que la mercantil ahora disuelta ya había cobrado dichas subvenciones. Vencido el plazo y al no poder asumir esa cantidad Aspanas Termal, el banco se dirigió contra la asociación, en febrero de 2014, reclamándole más de 141.800 euros. La entidad matriz tuvo que suscribir una póliza para hacerse cargo de esa deuda. El acusado tampoco habría informado a la junta de un depósito de 100.000 euros en otro banco, así como de su posterior pignoración a favor de Aspanas Termal hasta el año 2020. Rodríguez era el único autorizado de la cuenta.
En junio de 2013, el acusado presentó a la nueva junta directiva un informe sobre la situación económica y el estado de riesgos de Aspanas, cifrando el incremento patrimonial obtenido durante el año 2012 en algo más de 107.000 euros. Presuntamente, Juan José Rodríguez omitió a sabiendas esos 100.000 euros que Aspanas tenía depositados en una entidad, así como la otra operación financiera y diversos contratos de préstamo realizados a favor de Aspanas Termal.
Según la Fiscalía el acusado obró de forma presuntamente delictiva siendo el gerente de Aspanas, sin comunicarlo a la junta a pesar de que había sido advertido, y "beneficiando a la sociedad Aspanas Termal, de la que era gerente su esposa", obligando de este modo a que la asociación matriz respondiera ante los bancos.
La defensa pide la absolución
Aspanas es parte en el proceso y ejerce la acusación particular. Pide 5 años de cárcel más multa por un delito de administración desleal y otro societario. Al abrir juicio oral, Instrucción 2 de Ourense obligó al acusado a prestar fianza por 107.000 euros.
La defensa solicita la libre absolución y asegura que los hechos no constituyen delito alguno. Esta parte destaca que, en 2012, la junta directiva otorgó a Rodríguez un poder con "amplias facultades", que incluían suscribir en nombre de la asociación toda clase de contratos y operaciones. La abogada aduce que la nueva junta no impuso la obligación de informar de cada operación y sí estuvo al tanto. Según esta parte, el exgerente no hizo ninguna acción de la que la directiva "no tuviera conocimiento o no hubiera sido facultado para ello, y en ningún momento anterior a la realización de las operaciones la junta directiva le advirtió de la obligación de tener que comunicarlas". Además, la defensa aporta documentos y correos electrónicos para argumentar que las operaciones no causaron ningún perjuicio a Aspanas, siendo el único motivo de que tuviera que hacerles frente la declaración de concurso de Aspanas Termal.
Tras descubrir el presunto engaño, la nueva junta revocó los poderes a Juan José Rodríguez en 2014 y le abrió expediente para despedirlo. El acusado, que estuvo de baja, reclamó una indemnización de 220.000 euros, apelando a una cláusula firmada con la anterior directiva de la que no se informó a la nueva. La justicia dijo no.
