La Fiscalía pide juzgar al alcalde de Xinzo por presunta prevaricación en contratos

El regidor fue investigado por lo penal tras ver indicios de delito y desviación de poder dos jueces de lo contencioso que tumbaron 9 contrataciones -El ministerio público acusará

01.07.2016 | 02:53
Antonio Pérez. // Jesús Regal

La Fiscalía de Ourense acusará al alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez (PP), por un presunto delito de prevaricación continuada. Con esa intención ya ha remitido informe al juzgado instructor para solicitar la apertura de la llamada fase intermedia, la anterior al juicio. El ministerio público solicita la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Una vez que la autoridad dicte la resolución, la Fiscalía redactará su escrito de calificación.

El caso se inició en 2014 por la confluencia de dos procesos. La Fiscalía había abierto con anterioridad diligencias informativas, a partir de una denuncia de la CIG. Aunque la vía penal la abriría de lleno la jurisdicción contenciosa. Los dos magistrados de ese ámbito en la provincia de Ourense, Francisco de Cominges y José Andrés Verdeja, dictaron sucesivas condenas contra el concello de Xinzo hasta anular un total de nueve contrataciones por decreto a personas determinadas aunque existían, según los expedientes informes contrarios de secretaría e intervención, además de vulnerarse restricciones presupuestarias y la norma impuesta contra el déficit.

Dichos contratos fueron impugnados por la Abogacía del Estado, después de que el sindicato presentara escritos en la Subdelegación del Gobierno para que revisara la legalidad.

Los magistrados apreciaron un a desviación de poder del regidor y, además, observaron indicios de la posible comisión de un delito, por lo que ordenaron deducir testimonio para que se investigara por lo penal. "Abrió una puerta de par en par a la colocación de personas o afines, con la vulneración de los principios constitucionales que deben presidir el acceso a la función pública, y en detrimento del resto de los ciudadanos que, quizás con más mérito y capacidad, se ven privados de dicha posibilidad ante la ausencia de convocatoria alguna", decía uno de los reproches más severos de las condenas del ámbito contencioso. Cuando se convirtieron en firmes, el juzgado de Xinzo de Limia abrió diligencias penales. En ese momento, la Fiscalía remitió las conclusiones de su investigación previa para que se acumulara en un único procedimiento.

En su declaración en calidad de imputado, situación en la que se encuentra desde el año 2014, el regidor argumentó que los informes de secretaría e intervención por los que la Abogacía del Estado llevó a a cabo los procedimientos de revisión de los contratos habían sido falseados. Adujo, además, que ningún técnico le hizo advertencias en contra, ni escritas ni verbales, en ninguna junta de gobierno, comisión o pleno. El mandatario sostuvo entonces que desconocía los reparos porque, según él, las fechas fueron falseadas y algunos eran hasta 6 u 8 meses posteriores a los decretos. Por esas sospechas, el alcalde justificó haber precintado el ordenador del exsecretario y su exadjunta.

Antonio Pérez aseguró ayer a este periódico que desconoce el informe presentado por la Fiscalía.

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