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Una nueva polémica se cierne sobre la adjudicación de Ayuda a Domicilio

CC OO solicita al gobierno municipal que no permita participar a la empresa Seralia

Una de las movilizaciones anteriores de las trabajadoras de Seralia. // Iñaki Osorio

El servicio municipal de Ayuda a Domicilio del Concello se ha visto abocado en estos últimos años a la controversia, que incluso derivó en la vía judicial por la gestión realizada. Y cuando se está a punto de concretar el proceso de nueva adjudicación, por parte del sindicato Comisiones Obreras se reclama públicamente al Gobierno municipal que no permita a Seralia concursar en la nueva adjudicación que se resolverá en los próximos días.

Desde el sindicato se considera que "no es de recibo que se le permita concursar", debido a que el solo hecho de permitírselo "pone en riesgo las mínimas garantías a los trabajadores que debería conllevar el proceso de adjudicación del servicio". Y alertar que desde que asumió la concesión, que ya caducó y que lleva al nuevo proceso de adjudicación, "lleva vulnerando los derechos de los trabajadores de forma continuada, incumpliendo el convenio colectivo en materia de jornadas, salarios y contrataciones".

Para CC OO son "hechos graves y reiterados perfectamente constatados por las denuncias a la inspección, reclamaciones individuales de salarios y el conflicto colectivo presentados durante todo el tiempo que ejerció esta concesionaria", en relación a Seralia.

De ahí que trasladan al gobierno municipal que en las pliegos de los concursos para la gestión de servicio del Concello se articulen mecanismos legales que impidan que este tipo de empresas puedan seguir optando a concesiones municipales pese a "incumplir las condiciones de otras concesiones, también municipales, de las que previamente fueron adjudicatarias", como sucedió con la de limpieza de instalaciones municipales.

También se apela desde el sindicato a la responsabilidad social del Gobierno municipal, para que no permita que este tipo de empresas gestionen servicios financiados con dinero público. Ya que, además, entienden que a costa de "vulnerar derechos de los trabajadores e, incluso, de no pagar salarios a los trabajadores, consiguen ofertar precios más bajos que otras empresas con, incluso, beneficios mayores para ellas".

Una advertencia que desde el grupo de Gobierno tienen como respuesta que se trata de un procedimiento administrativo reglado, que va desde la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y económicas, que son las que rigen todo el proceso de adjudicación.

Además de añadir, que es una mesa de Contratación la encargada de valorar todas las ofertas presentadas, y por lo tanto la encargada de plantear si una determinada empresa cumple con lo exigido en esos pliegos. Y aclarar que no es competencia del Gobierno municipal excluir a ninguna de ellas si el informe correspondiente.

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