La Xunta adjudicó a una familia con un hijo menor en riesgo de exclusión social una vivienda en régimen de alquiler social en la ciudad de Ourense. El caso fue analizado en una de las últimas reuniones de la Comisión Provincial de Vivenda, donde se propuso la adjudicación directa del piso, que fue ratificada por la consellería correspondiente. El inmueble había sido cedido al Instituto Galego de Vivenda e Solo por Abanca en virtud del convenio firmado el pasado verano, por el que la entidad bancaria se comprometió a ceder 100 viviendas desocupadas a la Xunta para poder destinarlas a alquileres sociales. De este modo, Abanca también aceptó la imposibilidad de ejecutar desahucios por procesos de ejecución hipotecaria.
