La exedil presentó dos denuncias -una ya archivada por la inspección- contra el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, a quien también culpó en el alegato final de su juicio. "Pedí ayuda a la Fiscalía pero no estaba aquí, sino en el mismo lugar que cuando se llevaban el 10% municipal, se cambiaban los planos o se recalificaban As Burgas sin reproche penal". En 2014, el abogado común de la exedil Áurea Soto y el exalcalde Francisco Rodríguez planteó una recusación a otro juez, el actual presidente de la Audiencia, Antonio Piña. El letrado era Carlos Hernández, acusado junto a la socialista en el caso de la Plaza San Antonio, y adherido a la querella contra el magistrado Leonardo Álvarez. La recusación no prosperó al no ver causa la Audiencia. Cuestionaban los políticos la "estrecha amistad" entre Piña y un miembro de DO, el partido que había denunciado el caso de la calle Bedoya, el primero que provocó la imputación de toda la junta del anterior gobierno local. Apartado temporalmente Piña, de los interrogatorios se encargó Álvarez.
