La economía sumergida reduce en un 23% los ingresos públicos, según un estudio

05.02.2016 | 02:31
Jorge Martínez ofreció la conferencia inaugural. // Brais Lorenzo

Entre los temas que se abordan en este encuentro de expertos están asuntos como el el que abordan los profesores Santiago Lago, Xoaquín Fernández y Alberto Vaquero, que constatan que la economía sumergida en España reduce en un 23% anual los ingresos públicos, lo que representa un 6% del PIB. Este trabajo concluye que que España está entre los países de la OCDE con más economía sumergida, y que la situación se agravó entre 1980 y 1995.

También se abordaron estudios como los de Gemma Pérez, Diego Prior, José Luis Zafra y Ana María Plata, que analizaron el servicio de recogida de basura de 621 municipios españoles de 1.000 a 50.00 habitantes. Su conclusión es que para los municipios de menos de 20.000 habitantes, la solución más eficiente es la cooperación o la gestión conjunta con otros concellos y para los municipios de más de 20.000 habitantes, el estudio recomienda la externalización del servicio de recogida y el tratamiento de basura.

Políticas de empleo

Otro de los estudios firmado pro Miguel Malo y Begoña Cueto prueban que ni la formación activa actual ni los incentivos a la contratación están siendo eficaces para crear empleo. Es decir que las políticas de empleo al uso, no son capaces de generar puestos de trabajo en el mercado. Los investigadores proponen concentrar la políticas activas de empleo en colectivos y personas concretas. Según los investigadores, los incentivos a la contratación aumentan en cuatro puntos la posibilidad de acceder a un empleo. Los cursos de formación en 5,5 mientras que la generación directa de empleo aumenta 10 puntos la probabilidad de encontrar trabajo. Otros temas que se expusieron en la completa jornada de trabajo de ayer de los economistas hacían referencia a una mejor inspección fiscal para que se cumpla el lema de "Hacienda somos todos".

Otro trabajo analiza 365 sentenicas del Consistitucional sobre conflictos de competencias entre Estado y 17 autonomías y y revela que el TC es legalista es decir que los fallos emitidos durante varios años, no muestran preferencia por el Gobierno central.

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