El bronco pleno que se celebró el pasado 27 de noviembre en la Diputación y que acabó con el plante de toda la oposición tuvo su origen en la decisión del presidente provincial, José Manuel Baltar, de restringir el acceso a varias personas, mayoritariamente militantes del PSOE y el BNG, que querían asistir como público a la sesión. Alegó el presidente que el aforo estaba completo y que no había sitio para más. Los que lograron asiento lo habían solicitado previamente a través del espacio habilitado para ello en la web de la Diputación por lo que tenían prioridad aquellos que habían seguido este formalismo.
Esta decisión fue interpretada por los grupos políticos de la oposición como una "apropiación" de la institución por parte del PP que venía a reforzar la negativa del presidente a dar explicaciones sobre la polémica denuncia que una mujer había interpuesto contra él. La crispación derivó en el abandono del pleno de todos los diputados del PSOE, DO y BNG y una queja del grupo socialista ante la Valedora do Pobo que acaba de ser resuelta a favor de la Diputación, ratificando la legalidad de aquella decisión.
Sostiene la representante de la institución, Milagros Otero Parga, que "la decisión adoptada por el presidente de la Diputación de limitar el acceso del público a la sesión del 27 de noviembre de 2015 no infringe el ordenamiento jurídico local vigente".
Así concluye la Valedora el expediente abierto tras la queja presentada por los socialistas. Llega a esta resolución después del estudio "global y razonado" de la documentación presentada por las partes, entre la que se incluye la que remitió la propia institución provincial una vez abierto el expediente el pasado mes de diciembre. Asimismo, Otero Parga recomienda en su informe establecer un "procedimiento objetivo" para el acceso del público a los plenos, cuestión en la que, recordó ayer el vicepresidente segundo de la institución provincial, Jorge Pumar, ya trabaja la corporación después de que el PP presentase una moción al pleno instando la constitución de un grupo de trabajo integrado por un representante de cada grupo político para elaborar una propuesta de modificación del reglamento orgánico que establezca las normas de acceso.
El portavoz del grupo socialista, Ignacio Gómez, mostró ayer su respeto a la decisión de la Valedora do Pobo y afirmó que su equipo presentará su propuesta para regular los accesos por escrito. La primera reunión de este grupo de trabajo se celebró el pasado lunes y solo el PP presentó un borrador que consistiría en reservar un espacio para invitados de cada grupo proporcional a la representación obtenida en las elecciones, y un espacio común para el resto de ciudadanos.
