Un error técnico en la entrega a los investigados de la documentación del caso, en formato CD, impidió iniciar ayer las declaraciones de la rama ourensana de la operación Patos. Dos funcionarios del Concello de Ourense del área de Medio Ambiente tienen la condición de investigados. Son la base de los indicios escuchas telefónicas y un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La Policía registró en febrero de 2014 el área de Medio Ambiente. La pieza que corresponde a Ourense está en manos del juez Leonardo Álvarez. También quiere oír como investigados a dos representantes de la empresa Cespa, la adjudicataria en 2013 del cuidado de parques y jardines. Sobre esa concesión pivota este caso. Las diligencias se abrieron a finales de 2015, tras la remisión de una pieza separada de la macrocausa iniciada en 2013 en Instrucción 7 de Vigo para investigar presuntos delitos contra la administración pública. Los "pinchazos" nutren el grueso de las pesquisas que apuntan a la capital de As Burgas. Los agentes deducen supuestas influencias de la empresa Cespa con técnicos y políticos para condicionar la adjudicación de la concesión de parques y jardines.
Uno viajó "a gastos pagos"
A finales de 2013, el Concello resolvió a favor de la mercantil investigada. El contrato es de 1,1 millones anuales. Obtuvo 94,44 puntos frente a los 89 de la segunda clasificada, PAU, una filial del grupo Vendex, investigado en la Pokemon. Cespa logró 5 puntos sobre 5 en el apartado de mejores y ninguno de los competidores llegó al 1. Para la UDEF este apartado fue determinante.
La Policía descartó irregularidades en la tramitación del expediente. Sin embargo, según el informe, "de las conversaciones telefónicas intervenidas se observan indicios de que la licitación pudo verse influenciada desde un principio para que finalmente recayese en la empresa Cespa". "Se ponen de manifiesto contactos e influencias, con invitaciones a eventos y viajes a gastos pagos incluidos, sobre las personas del área de Jardines de Ourense, en concreto sobre el jefe de Servicio de Medio Ambiente, C. J. C. Á. -que viajó a un congreso a Málaga con los "gastos pagos" por la empresa-, y el jefe de Sección, G. G. V., nombrado responsable del contrato". El informe policial también señala que existieron contactos con la exedil Susana Bayo y que "además se constatan entre altos directivos de Cespa y el propio alcalde", por aquel entonces Agustín Fernández. Ninguno está investigado en la causa y ambos negaron a este periódico irregularidades en la concesión, así como trato de favor alguno a la empresa.
