Investigados por supuestos delitos en el trato con confidentes, relegados del grupo con el que cosecharon exitosas incautaciones y suspendidos de toda labor policial. Así permanecen desde hace casi un mes los dos policías nacionales de Ourense que cayeron detenidos en la operación de Unidad de Asuntos Internos. Los otros dos compañeros investigados por el mismo juez se encuentran de baja. Los dos primeros, en libertad provisional tras experimentar dos noches de calabozo, han remitido estos días un recurso a la Dirección General de la Policía para solicitar el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de empleo.
Los recursos de reposición son planteados por el anterior jefe antidroga, A. R. F., así como uno de los agentes de su unidad, F. M. A., el efectivo que más años llevaba en la lucha contra el tráfico de drogas. Ambos están en situación de suspensión provisional de funciones como consecuencia de un expediente disciplinario abierto el 20 de noviembre de 2015, diez días después de que estallara la operación de Asuntos Internos, con unos 15 detenidos en total, y una semana más tarde de que el magistrado les tomara declaración en sede judicial y acordara la libertad provisional, con la obligación de que cada semana comparezcan en el juzgado.
En una resolución firmada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, Madrid justificó el cese temporal de 6 meses -pudiendo prorrogarse si la investigación judicial no está concluida- por el hecho de que la permanencia de los agentes en sus funciones podría resultar "perturbadora" para el normal desarrollo de los servicios policiales y "poco ejemplarizante" para el resto de funcionarios de la Comisaría Provincial.
Pero los aludidos subrayan que desde el 16 de noviembre, cuatro días antes de la incoación del expediente, se encontraban de baja por motivos de ansiedad y depresión. Al no estar ya en su puesto de trabajo no se podría "perturbar", inciden.
En la línea de las manifestaciones públicas del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que asumió en el principio la defensa de sus compañeros, los recursos argumentan que "a falta aún de una resolución sancionadora, la anticipación por vía cautelar de una sanción administrativa no cabe duda de que ocasiona daños y perjuicios indudables al presunto infractor". Los agentes no ven "justificación suficiente" para haber sido apartados.
Según reiteran los escritos dirigidos a Madrid, la suspensión provisional de funciones "es evidente que produce grandes daños y perjuicios, tanto económicos y profesionales como morales". Las consecuencias de dinero "fácilmente son cifrables" en comparación con las remuneraciones que tenían -el ingreso se limita a poco más que un sueldo mínimo-. "A ello hay que añadir la gravosa situación personal que la medida adoptada le deja, al no disponer de otros medios económicos".
Entienden los recurrentes que "ello implica la práctica imposibilidad de reparar con posteridad los efectos negativos de la ejecución". Pidiendo la anulación de la medida cautelar, los agentes de Ourense aluden a "los graves problemas personales" que sufren por la suspensión. Mantenerla podría dar lugar a "graves daños y perjuicios de imposible o difícil reparación".
