Como en la Pokemon, los "pinchazos" telefónicos desentrañaron la rama ourensana de la 'Operación Patos', con diligencias previas abiertas por un juez de la ciudad tras la llegada de una pieza separada de esta macrocausa contra la corrupción. En la ciudad de As Burgas, el foco se puso en la adjudicación en 2013 del servicio de mantenimiento y mejora de las zonas verdes públicas de la tercera ciudad gallega. La Policía hace constar la existencia de indicios de delito en los que estarían implicados directivos de Cespa Jardinería S. L., la filial del grupo Ferrovial que resultó ganadora en el proceso, así como "dirigentes y técnicos" del Concello de Ourense, en términos de la Policía. El informe está en manos del titular de Instrucción Número Uno, Leonardo Álvarez, el juez que analiza ya la derivada ourensana.
Las conclusiones fueron elaboradas por el Grupo de Investigación Financiera y Fiscal, con sede en A Coruña, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Son 42 páginas de informe, a las que se suman medio centenar más, con los puntos clave del proceso administrafivo. En febrero del año 2014, agentes de la UDEF y compañeros de la Comisaría de Ourense registraron durante dos horas la concejalía de Medio Ambiente así como el servicio de Contratación, ubicado en el mismo edificio que el departamento de Infraestructuras, para recabar el expediente completo de la concesión del mantenimiento de zonas verdes de Ourense, una contrata adjudicada a Cespa Jardinería S. L. por 1,1 millones de euros al año.
El dictamen policial lleva fecha de julio de 2015 y se apoya en cuatro cajas de documentación. Todo el material será examinado por el magistrado Álvarez con el fin de decidir si acuerda alguna prueba o la citación de testigos o imputados.
Los policías descartaron que existieran irregularidades en la tramitación del expediente cuya modalidad por procedimiento abierto y regulación armonizada fue aprobada en una junta de gobierno local en marzo de 2013 (gobernaba el PSOE en solitario). Sin embargo, la UDEF sí que ve posibles delitos a raíz de las escuchas de llamadas. Según explican en el informe judicial al que ha tenido acceso FARO, "de las conversaciones telefónicas intervenidas se observan indicios de que la licitación pudo verse influenciada desde un principio para que finalmente recayese en la empresa Cespa".
Tras exponer una serie de conversaciones, los policías sostienen que "se ponen de manifiesto contactos e influencias, con invitaciones a eventos y viajes a gastos pagos incluidos, sobre las personas del área de Jardines de Ourense, en concreto sobre el jefe de Servicio de Medio Ambiente, C. C., el jefe de Sección, G. G. V., que es nombrado responsable del contrato; así como sobre la propia concejal del ramo, Susana Bayo". Añaden los investigadores en el informe que tendrá que valorar el juez que "además se constatan contactos entre altos directivos de Cespa y el propio alcalde". En esas fechas el regidor era Agustín Fernández. Según el contenido de una conversación entre dos directivos, la reunión se produjo el 16 de abril de 2013. Según fuentes de su entorno, el regidor no tuvo ningún conocimiento ni participación en el expediente.
Para la causa fue clave la intervención del teléfono del apoderado de Cespa, el vigués Juan Ramón A. G. La Policía hace constar en su informe de conclusiones que desde el inicio de la escucha "se comenzaron a observar maniobras extrañas de cara a conseguir la adjudicación final del contrato para el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad de Ourense". Tal y como expone la UDEF, "por parte de los directivos de Cespa no se dudó lo más mínimo a la hora de hacer lo que fuese menester para lograr la consecución del contrato". Así, "según la jerarquía interna de la empresa, unos se reunían con el alcalde y otros con la concejal y los técnicos del sector en cuestión".
Para los investigadores, "dichas reuniones no tienen otra finalidad que la de conseguir información para enfocar la oferta a presentar, y así jugar con cierta ventaja de cara a otros contratistas. Se han establecido reuniones con técnicos del Concello, con la concejal e incluso con el alcalde, así como invitaciones a un viaje a gastos pagados a Málaga, al que se ha constatado que, aunque fueron más personas las invitadas, asistió el jefe del servicio de Jardines". La Policía hace constar que "es patente" que el apoderado de Cespa "utiliza cualquier cosa para influir y mediatizar en las personas que tienen que resolver la licitación del concurso de Ourense, llegando a ofrecer hasta la realización de un programa de televisión".
En concreto, la Policía Nacional puso la lupa sobre el viaje y alojamiento, con motivo de un congreso de Parques y Jardines celebrado en Málaga en el año 2013, del jefe de servicio de Medio Ambiente del Concello de Ourense, C. J. C. Á. Un desplazamiento en avión con la compañía Iberia y pernoctaciones en un hotel 4 estrellas de cuyas facturas supuestamente se hizo cargo la empresa, en pleno proceso de adjudicación. Ocurrió en mayo de 2013, el mismo mes en que la mesa de contratación levantaría el acta de la apertura de la documentación administrativa y técnica.
Las mejoras, "determinantes"
Cespa obtuvo la mayor puntuación global , por delante de otras trece aspirantes. El volumen de negocio total era 1,2 millones de euros entre un importe total, IVA incluido, de 856.642 euros, en el que la empresa incluyó mejoras como "renovar pavimentos blancos peatonales y suministrar 950 ejemplares de árboles para nueva plantación, con garantía de 36 meses y un plazo de entrega de 0,33 días, además de mejoras gratuitas por importe de 429.524 euros. Cespa logró 94,44 puntos en total. La segunda en el proceso final fue la firma PAU, la filial de Vendex investigada en la Pokemon. Obtuvo 89 puntos. Cespa recibió un 5 sobre 5 en el apartado de mejoras y el resto no llegó al 1. La Policía observa que "se evidencia con claridad que los 5 puntos conseguidos en el apartado de mejoras ha sido determinante para el logro de la contratación".
La adjudicación fue recurrida por una de las empresas desbancadas, Talher S. A., a la que la junta local acordó dejar fuera de la liza "porque oferta como plazo de entrega de los árboles 0 días, siento tal cuestión de imposible cumplimiento y yendo en contra del pliego de condiciones". La empresa acudió al contencioso. El pasado mes 22 de octubre, el gobierno actual ratificó la exclusión de Talher en ejecución de sentencia, al "no aceptar su justificación sobre la inclusión de valores en su oferta que pueden ser considerados anormales o desproporcionado", en base a un informe del jefe de sección de parques y jardines, de fecha 6 de octubre de 2015.
