Un convenio de colaboración entre el Concello de Ourense y la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias permite regularizar la situación que se venía dado en el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, con el necesario soporte jurídico. Y para lo que serán 25 las plazas que pasarán a conformar las denominadas brigadas sociales.
Desde 2011 y hasta lo que va de 2015, y a través del Real Decreto que establece la posibilidad de cumplir las penas impuestas con trabajos en favor de la comunidad, fueron en total 143 personas, como explicó el concejal responsable de Servicios Generales, Jorge Pumar, que defendió la necesidad de un convenio que finalmente contó con el respaldo del resto de los grupos municipales.
De esa forma, las personas con penas de trabajos en favor de la comunidad pueden realizar tareas mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, así como la limpieza de las pintadas en diferentes puntos, y que son algunas de las actividades que se contempla en el acuerdo entre Concello e Instituciones Penitenciarias.
Un acuerdo que se fraguó en diferentes reuniones que el edil de Servicios Generales y la del área Social del Concello, Sofía Godoy, con el subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, y el director del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar.
El número de personas que desde 2011, en aquel momento un total de 21, se fue incrementando, ya que al año siguiente fueron 34, en 2013 ascendió a 36, mientras que el año pasado fue de 30. Mientras que en lo que va de 2015 ya cumplieron penas de trabajo en beneficio de la comunidad 22 personas.
Acuerdo unánime
El convenio que rubricará el alcalde, Jesús Vázquez, después de que el pleno acordase por unanimidad su aprobación, tendrá una vigencia de un año, que se entenderá prorrogado tácitamente se no hubiese denuncia por escrito del mismo por algunas de las partes con tres meses de antelación.
Lo que tienen claro desde el gobierno municipal es que la brigadas sociales permitirán que se pueda realizar un mayor número de actuaciones en lo que se refiere al mantenimiento de zonas verdes, así como su adecentamiento, debido a las pintadas, como la que se produjo en uno de los pilares del Puente Romano.
El portavoz socialista, Vázquez Barquero, justificó que el anterior gobierno no se planteó la firma del convenio, por entender que llegaba con cumplir lo que establecía el Real Decreto.
