La situación en la que se encuentran varias de la concesiones de servicios municipales, de cuya gestión se encargan empresas privadas, es uno de los problemas a los que debe hacer frente el gobierno popular, que inició un proceso de revisión para dar respuesta, sin descartar "medidas contundentes", aunque por el momento aseguran que se está a la espera de los correspondientes informes de los técnicos del Concello.
Después de detectar incumplimientos de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, piedra angular para el concurso de adjudicación, y que rige el contrato firmado en su momento, las reclamaciones judiciales se han convertido en otro foco de conflicto, como así se reconocía por parte de miembros del gobierno.
En este sentido, y siguiendo la estela de lo manifestado por el alcalde, Jesús Vázquez, de que las concesiones de servicios públicos, en concreto la elaboración de nuevos pliegos, afectan de forma muy importante a la gestión municipal, al día a día, que se agrava con las que están pendiente de resolución judicial, debido a los recursos presentados.
Es el caso de lo que acontece con el servicio de limpieza de instalaciones municipales, marcada por la polémica desde el mismo momento en que se destapó la operación Pokémon, ya que la concesionaria PAU pertenece al grupo Vendex. El nuevo concurso, que se demoró en el tiempo llevó a que se le adjudicase a Seralia, pero objeto de recursos, inicialmente ante el Concello, y posteriormente en la vía Contencioso Administrativo.
La sentencia del juzgado, que en el día de ayer analizaba uno de los funcionarios inmersos en le proceso, anula el acuerdo adoptado en su momento por la anterior Junta de Gobierno Local, y eso lleva consigo retrotraer el proceso de adjudicación, además de señalar que no podrá en el mismo la actual adjudicataria, Seralia.
Una situación que no causó sorpresa en algunos miembros del gobierno, conocedores del proceso que se había seguido, de los más polémicos en lo que a concurso de adjudicación se refiere, así como los recursos que se presentaron, entre los que se encontraba el de la empresa del grupo Vendex.
Lo que tendrá que decidir ahora el gobierno popular es si recurre la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aunque según pudo saber FARO, es que la propuesta del técnico será la de retomar el proceso.
Eso llevará consigo que el servicio, igual que otros, se realice en precario hasta que no se proceda a una nueva adjudicación, con lo que eso supone. Una situación que para el gobierno popular no es ninguna novedad, ya que muchos de esos servicios "se dejaron caducar" sin que se procediese a la elaboración del correspondiente pliego de condiciones.
El otro frente abierto es el de los incumplimientos de las actuales concesionarias, sobre los que el alcalde se mostró especialmente determinante, en el sentido de que "adoptar las medidas que sean necesarias", sin descartar, por lo tanto, el rescatar la gestión del servicio municipal y proceder a convocar un nuevo concurso. Pero, por el momento, no se tomó decisión alguna al respecto.
