Los imputados negaron motivos de delito y alegaron la necesidad de las asistencias técnicas para atender las peticiones en el departamento de Rehabilitación, Vivienda y PERI. La exedil de Urbanismo, Áurea Soto, recordó que esa figura contractual se venía produciendo en el Concello de Ourense desde los años 90.
El cierre de la instrucción se ha dilatado más de un semestre. En un primer auto, el juez limitó los cargos al exalcalde Francisco Rodríguez y a Soto. Luego se retractó y acabó reimputando, a petición de Fiscalía, a los cuatro ex del BNG. Con la atribución de responsabilidades al funcionario, la causa se amplía a 7 investigados, aunque el trabajador municipal aún puede apelar a la Audiencia.
En el auto conocido ayer, el magistrado apunta 4 indicios del delito de prevaricación: los numerosos reparos, los decretos del exalcalde levantándolos, las declaraciones de los trabajadores desvelando la vinculación estable y la versión del funcionario.
El titular de Instrucción Número Uno, Leonardo Álvarez, remarca en la misma resolución que "obviamente el resultado de la gestión imputada es manifiestamente injusta y perjudicial para todas aquellas personas que pudiesen tener interés en desempeñar la actividad laboral que el personal contratado de forma irregular desempeñaba en el Ayuntamiento".
Subraya el magistrado que otros aspirantes "no tuvieron acceso a dicha posibilidad al no abrirse el correspondiente concurso-oposición, con el consiguiente descrédito para la administración pública"
