Los cambios en la libranzas de los agentes de la Policía Local, con motivo de la celebración de la carrera popular de San Martiño, llegará a la vía judicial, como así lo aseguraban ayer los representantes de los sindicatos UGT, Nemesio Gómez, y de USO, Julio Domínguez, que además forman parte de la plantilla de la de la Policía Local, que una vez cuenten con el informe jurídico demandarán al gobierno socialista, y en concreto al alcalde, por "imponer", vía decreto, las libranzas, y no negociar dichos cambios, como así establece la ley.
Denuncian la "vulneración flagrante" de uno de los artículos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y de no llevar esa cuestión a la mesa de negociación, por lo que "van contra el Acuerdo Regulador vigente para los trabajadores del Concello", entre los que se encuentra los agentes de la Policía Local.
En este sentido, Nemesio Gómez aseguró a FARO que "no se puede imponer de forma ilegal el cambio de libranzas", y advertir que hubo tiempo suficiente para negociar esa cuestión.
Por su parte, Julio Domínguez denuncia que el gobierno socialista "actúa a hechos consumados", y dirige sus criticas hacia el alcalde, Agustín Fernández, que además es el responsable de la Policía Local, al no tener delegadas esas competencias, así como hacia la directora general de Personal, Carmen Rodríguez, a la que acusa de "no tener voluntad" de negociar, siendo conocedora de los problemas que podrían surgir.
Lo que tienen claro los dos representantes sindicales es que la decisión del alcalde no se puede sustentar en un "informe a la medida" que emitió el jefe de servicio de Personal -en comisión de servicio-, en el que justifica los cambios en "eventos imprevisibles", al advertir que la carrera de San Martiño se lleva celebrando más de treinta años, y en las mismas fechas.
En cuanto a la demanda, el representante de USO evita dar una fecha concreta, ya que los servicios jurídicos del sindicato "elaboran el escrito, ya que queremos hacer bien las cosas, no como ellos", en alusión al gobierno socialista, que no dudó en remitir escritos a los agentes para que acudiesen a trabajar.
Lo que también aclaran los dos representantes sindicales es que el acudir a la vía judicial se debe a la "falta absoluta de diálogo" por parte del gobierno municipal, y que se deberá sustanciar en la mesa de negociación como así establece la ley, y optaron por la "imposición" en lo que se refiere a las libranzas, con el "grave perjuicio" que eso supone en la actividad de la plantilla.
