"¿Por qué cambiar algo que funciona?" Esa es la pregunta que se hacen los trabajadores ourensanos del Servicio Público Gallego de Extinción de Incendios Forestales (SPDCIF). Ayer se reunían frente a la Jefatura Territorial de Medio Rural para protestar por "la privatización del servicio, haciendo negocio y sacando rendimiento político con un desastre y un delito como es un incendio forestal", argumentaban Francisco Fernández, presidente del comité de empresa.
Ataviados con camisetas de color verde bosque, como ese que intentan defender en invierno y verano desde sus puestos de trabajo, los bomberos del monte ourensano han decidido reunirse para que se les escuche. No se explican "el afán de la Administración por desmantelar progresivamente un servicio que funciona bien, el más eficiente del estado, y que es barato", explicaba Manuel Martínez otro de los portavoces de estos funcionarios. Por eso le temen a la reestructuración prevista por la Xunta que aseguran desembocará en despidos.
Desde las organizaciones sindicales creen que hay "una serie de intereses por detrás de todo esto". Aseguran que con la finalidad de "crear un sistema público subvencionado a través de brigadas municipales que deben favores políticos o empresas privadas vinculadas a grupos de poder".
El presupuesto para la extinción de incendios es de más de 670 millones de euros, para ellos una razón más que de peso para que "el negocio del fuego sea muy atractivo para las empresas".
Antes de que las brigadas de los Concellos y las empresas privadas hiciesen su aparición en el panorama de la extinción, los miembros del SPDCIF representaban el 87% del personal en la lucha contra el fuego. Hoy día representan el 35%.
Con respecto a estos datos los trabajadores los relacionan con otros muy llamativos. Cuando ellos conformaban casi la totalidad de los efectivos, la media anual de incendios era de 10.000 y la superficie media quemada de 2,5 hectáreas. A día de hoy, el número de incendios se ha reducido, pero arde más del doble por incendio, casi 7 hectáreas.
Estos números podrían tener su motivación, en parte en la problemática expuesta por Fernández y Méndez: "El personal contratado durante el verano de manera temporal, en muchas ocasiones no cuenta con la formación necesaria para realizar este trabajo".
Una situación que, asegura, "aumenta la carga de trabajo sobre los expertos y la peligrosidad de las acciones".
