Sin que se cierre el expediente -cuya resolución tiene un plazo de tres meses y contra la que además cabría recurso-, la Dirección General de la Guardia Civil ya ha dejado claro que su intención es destituir de su destino en Bande al sargento José Manuel Grande Pérez, desde hace seis años jefe de puesto en un pueblo de 2.000 vecinos donde las multas y denuncias a conductores, particulares y locales se llegaron a multiplicar por diez, de 90 a 900 al año, aunque fuentes del instituto armado dicen que en 2013 el número rondó las 250 entre infracciones de tráfico y otras actuaciones. Después de la polémica aireada en los últimos días por el enfrentamiento del agente -que cuenta con una medalla al mérito- con el entorno político y personal de la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, Europa Press Madrid adelantaba ayer el cese del guardia civil aludiendo a "fuentes conocedoras de la decisión".
El argumento que la cúpula sostiene para ordenar el cese de destino es el "rechazo que entre los vecinos había generado la actitud del sargento y su incapacidad para mantener las relaciones con sus autoridades". Las mismas fuentes precisaron que la decisión ya está tomada, pero no se hará efectiva hasta que no esté finalizado el expediente abierto al sargento. Teóricamente, existe un plazo de tres meses para que la Dirección Adjunta Operativa resuelva el expediente que contó con las alegaciones del propio afectado y un informe del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, teniente coronel Manuel Javier Novo.
El mando provincial dio otros matices. Acusaba a la congresista, exalcaldesa de Bande, y al actual alcalde, José Antonio Armada -su exmarido-, de crispar y azuzar a los vecinos en contra de los agentes. Si bien el mando ourensano también admitía el "exceso de celo" del sargento y el estado "recíproca animadversión" con los políticos. Le pidió el "máximo tacto y prudencia" hasta la resolución de su caso y decretó la tutela de su superior inmediato, el capitán de Celanova.
El escrito en el que el propio director adjunto operativo de la Guardia Civil propone su cese se basa, según Europa Press, en el obligado rol de un responsable de puesto como "pieza clave en la interlocución, relación continua y consiguiente representación corporativa con las autoridades civiles, militares y judiciales que tengan sede en su demarcación de responsabilidad". Nada que ver con las guerra abierta entre el sargento y la diputada. Las disputas germinaron en 2008 cuando el responsable investigó, con resultado negativo, si en el campo de fútbol se vendían cervezas en la época en que Vázquez presidía el equipo local.
Según la propuesta de cese aprobada por el número dos de la Guardia Civil, se considera que el proceder habitual del generó un "rechazo social en el pueblo hacia la Guardia Civil que hace incompatible que siga ejerciendo su labor". El director también reconoce que el sargento no ha llegado a incurrir en ninguna ilegalidad. Ana Belén Vázquez llegó a querellarse por injurias pero la Audiencia archivó la causa en diciembre de 2012.
El punto de inflexión para la decisión de cese fue la celebración de un pleno en el concello de Bande en el que se aprobó una moción instando a la Guardia Civil "a no provocar alteraciones en la vida privada de los ciudadanos ni contra la economía legal de la localidad".
En el pasado otros grupos políticos también habían manifestado sus dudas ante el proceder del sargento. En 2011 el BNG pidió la comparecencia en el Senado del entonces director general, Francisco Javier Velázquez, para explicar las razones del "alto porcentaje de denuncias" registradas en el puesto de Bande. El exsenador nacionalista, Xosé Manuel Pérez Bouza, tildó la actuación del agente de "absolutamente desproporcionada" y apreció un "abuso claro de autoridad". También el pasado febrero, la diputada socialista Laura Seara presentó una batería de preguntas en el Congreso ante "el malestar" manifestado por "varios de los vecinos de Bande" ante un problema que "no es nuevo" y que ha generado "alarma social".
En el informe interno incorporado al expediente, el jefe de la Comandancia de Ourense advertía de que la situación ha llegado a tal punto que "no es descartable que se produzcan algunos altercados de orden público dirigidos contra la Guardia Civil de Bande". Pero matizaba que "estos en ningún caso serían espontáneos, sino que tendrían que ser dirigidos por alguna autoridad o institución local", señalando de nuevo a la diputada y al regidor, que estudia acciones judiciales. Según ese escrito, el alcalde "acusó a la Guardia Civil de querer cargarse el pueblo". Tras una división inicial de los vecinos, la población "parece haberse decantado en su inmensa mayoría contra el puesto de la Guardia Civil y más concretamente contra su sargento", apreció el jefe de la Comandancia. Un empresario llegó a acumular 30 sanciones -el negocio cerró- y otro, una docena. La familia de Ana Belén Vázquez, indica el mismo informe interno, regenta un mesón.
La diputada que, según su versión, sumó 7 sanciones y multas -ganó 6 en recursos- y dijo sentir "miedo" del agente tuvo su último enfrentamiento en noviembre. Se habría negado a dar la documentación al sargento cuando iba a ser multada por tener el coche mal aparcado. "No me da la gana", dice el sargento que le espetó la popular. No había pasado la ITV, pero ella subió el documento a la red social para desmentirlo. Un suceso similar le habría ocurrido a otro agente de la Guardia Civil de Bande diez días después, en este caso con el coche del padre de la diputada, también por aparcamiento indebido y no haber pasado la ITV.
Una asociación de la Guardia Civil, la AUGC, solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación tras apreciar "otro caso Aguirre". Cree que el sargento será desplazado por influencia política, por la cercanía de la diputada con el ministro del Interior -es vicepresidenta de esa comisión en el Congreso- y por amistad con el director general del instituto armado, Arsenio Fernández de Mesa.
