Las dudas sobre la contabilidad del grupo socialista

El alcalde justifica la compra de alcohol y comida con dinero del grupo para fiestas a su antecesor imputado

Agustín Fernández sostiene que se trata de gastos que son "correctos y legales", incluidos en las cuentas de 2012 que avaló - Dice "no arrepentirse" del préstamo de 21.000 euros a un funcionario que no tiene soporte contable

01.05.2013 | 00:00

De lo más normal ve el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, la compra de alcohol -ron añejo, ginebras y whisky, entre otras bebidas- con los fondos públicos que recibe el grupo socialista -en 2012 fueron 70.200 euros-, como se refleja en la contabilidad de la que se hizo responsable. El dinero tuvo como destino comidas y cenas dedicadas a su antecesor en el cargo, Francisco Rodríguez, que abandonó la Alcaldía tras ser imputado en la Operación Pokémon.

El regidor, al término del encuentro que mantuvo con el nuevo presidente de la CEO, José Manuel Pérez Canal, no tuvo reparo en justificar ayer este tipo de actuaciones, al considerar que las fiestas con militantes -en este caso solo una parte de los ediles que forman el grupo- y simpatizantes, los gastos que ocasionan y la compra de estas bebidas y comidas son "correctos y legales", por lo que "no deben ser discutidas", apostilló.

Asimismo, dejó constancia de que los "encuentros festivos" tenían como destino el apoyo al exalcalde imputado. Algunos de los asistentes, como la secretaria particular y sobrina política de Rodríguez, Natalia González, y el concejal José Ángel Vázquez Barquero, trasladaron las instantáneas que circulan en las redes sociales para dejar patente la "unidad personal y de criterios del grupo municipal", como asegura un escrito de la asesoría del grupo socialista al que tuvo acceso FARO.

No estaban todos los ediles socialistas, solo aquellos que se alinearon en el bando del exalcalde, en la actualidad suspendido de militancia en el PSOE, pero sí el plantel de confianza de la Alcaldía, con la hija del regidor, María Fernández, y el asesor con cargo al grupo, Antonio López Vallejo, que cuenta con despacho en la planta "noble" del Concello de Ourense.

Durante los días posteriores a la puesta en libertad bajo fianza de Francisco Rodríguez, y de su dimisión como alcalde y miembro de la corporación, las fiestas se sucedieron, todas ellas con amplio reportaje de fotos en Facebook, incluso una "muy especial" que contó con la participación de un mariachi, en la que se puede ver al exregidor con el tradicional sombrero.

Fueron los días posteriores a la convulsión política en el Concello y en el propio grupo socialista. Para "sobrevivir" a esas circunstancias, como justifican el "consumo de alcohol en eventos festivos", decidieron utilizar los fondos públicos del grupo para encuentros gastronómicos, previo paso por diferentes supermercados de la ciudad, en los que Natalia González realizó las compras, como así se recoge en las facturas aportadas en la contabilidad de 2012.

Préstamo "humanitario"

Así como justificó la compra de ginebra y ron, el alcalde de Ourense también aseguró "no arrepentirse" y recalcó que "es legal la concesión de un préstamo a un funcionario del Concello al amparo de "razones humanitarias", debido a una "situación difícil". La cuestión genera sin embargo más que dudas dentro del grupo, sobre todo por parte de los concejales que fueron conocedores del mismo después de pedir las cuentas, y de que el propio Agustín Fernández les confirmase que se tomó el acuerdo verbal de entregar al jefe de servicio de Recaudación, Juan Manuel Banga.

El alcalde admitió, como adelantó FARO en su edición del pasado lunes, que "se hizo un préstamo de 21.514, 22 euros" al funcionario, después de que en enero de 2009 el grupo socialista tomase verbalmente el acuerdo, del cual no queda constancia contable en las contabilidades de 2010, 2011 y 2012, aunque Agustín Fernández señaló que "lo está devolviendo".

Una concesión del préstamo que obedece a un "acto humanitario" para "ayudar a una persona", pero siempre dentro de la "legalidad". Aunque no todos los miembros del grupo eran conocedores de la decisión, que no es compartida, llegando a dudar de esa legalidad a la que alude, ya sin entrar en otras cuestiones que podrán terminar en la vía judicial.

La defensa de la concesión del préstamo a un alto funcionario, que según fuentes municipales tiene una remuneración económica anual que está en torno a los 50.000 euros, destapó todo tipo de especulaciones sobre los argumentos dados por el alcalde y los ediles del "núcleo duro" del exregidor.

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