Representantes de los ayuntamientos y mancomunidades de la provincia asistieron ayer a una jornada técnica sobre el programa de Servicios Sociales que asume prácticamente en exclusiva la Diputación de Ourense desde que la Xunta delegó competencias en los gobiernos provinciales para aquellos municipios que tienen menos de 20.000 habitantes (aquí todos menos la capital), y desde que el Inserso retiró la ayuda anual de 300.000 euros que concedía para los programas de Teleasistencia.

Por ello, la Diputación se ha visto obligada a ajustar su presupuesto anual para 2013 elevando a 1,7 millones de euros la partida destinada a la atención social, de los cuales la mitad se dirige directamente a los concellos. Así nació el denominado Plan BenOurense que el presidente Manuel Baltar presentó ayer en el centro cultural Marcos Valcárcel, junto con el jefe del departamento de Empleo, Juan José Cerdeira, y la técnico Montserrat Rodríguez.

Cerdeira explicó las acciones que se desarrollarán este año para optimizar la prestación del servicio, como la aplicación de un nuevo sistema informático que tiene como objetivo crear una plataforma que consiga unificar toda la información relevante de los usuarios de los servicios sociales. También presentó la nueva modalidad de Teleasistencia que sustituye a la que prestaba el Inserso y que ahora deberá ajustarse a la "nueva realidad económica" provincial tras la retirada de las ayudas.

La jornada sirvió también para presentar el Fondo Social de Vivienda que facilitará el acceso a una vivienda a los desahuciados desde el 1 de enero de 2008. Aquellos que cumplan los requisitos podrán alquilar durante dos años a precios variables entre 150 y 400 euros al mes.

A pesar de que el plan es "mejorable desde el punto de vista económico", según admitió el propio Manuel Baltar, mantiene la prestación social como "uno de los objetivos primordiales" de esta Diputación. En este sentido, indicó que BenOurense se sustenta en la "cooperación" entre la institución provincial y los concellos.

El Boletín Oficial de Provincia ya publicó el 1 de febrero las cuantías que le han sido asignadas a cada concello en materia de servicios sociales. Baltar explicó a los asistentes que estas cantidades se determinaron atendiendo a un estudio objetivo de cada municipio. Precisamente, el pleno que celebra hoy la corporación desestimará la solicitud de financiación del 50% del coste de una educadora social propia para el Concello de San Xoán de Río, con un coste anual de 22.041,68 euros. La Diputación ha concluido que este ayuntamiento no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos para recibir esta ayuda.