Las reclamaciones derivadas por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense de 2003 por el Tribunal Supremo, no paran de llegar al Concello. Así, a las 17 que ya se venían tramitando, se les tienen que sumar ahora otras 16 que se presentaron, lo que hacen un total de 33 expedientes administrativos abiertos, y que alcanzan una cuantía económica total de 110 millones de euros.
Para dar trámite a los expedientes en el caso de reclamaciones patrimoniales, la legislación vigente exige que sean vistos por el Concello de Ourense, que comprueba que se dan los requisitos y condiciones para iniciar la tramitación de los expedientes administrativos, tal y como hizo en su reunión de ayer la Junta de Gobierno Local.
Tanto particulares y empresas exigen al Concello cantidades económicas que van desde los 20.000 euros hasta los 40 millones de euros, en virtud del procedimiento recogido en el artículo 6 del real Decreto 429/93 de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, como es el caso.
Nuevas reclamaciones
En estos momentos el área municipal de Urbanismo tiene recibidas un total de 33 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un importe total de 109.298.882,38 euros, cantidad que es susceptible de sufrir un incremento en fase de prueba del procedimiento administrativo, según advierte el gobierno bipartito.
Una posibilidad sobre la que ya avisó la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, en el momento en que daba a conocer un avance, en el que las reclamaciones presentadas eran en total 16 y la cuantía económica que se reclamaba sumaban 53 millones de euros.
Responsabilidad solidaria
El bipartito señala la existencia de "solidaridad entre Administraciones" en la responsabilidad por las alteraciones por cambios de ordenación urbanística o por la nulidad de instrumentos de planteamiento –en este caso un Plan Xeral de Ordenación–, y que es reiterada por la jurisprudencia existente, como así lo concretan las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 y la del 11 de diciembre de 2002.
Compensación económica por el perjuicio sufrido, la justificación
Los reclamantes justifican la petición que formalizaron de la correspondiente compensación económica, en el perjuicio sufrido por la anulación del PXOM de 2003 con varias consecuencias: en primer lugar, porque la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística.
Por otro lado, dicha alteración implica la imposibilidad de ejercer la facultad de participar en actuaciones de la nueva urbanización, y por último motiva su reclamaración en los gastos derivados de la actividad empresarial, como el coste y financiación realizadas para iniciar y promocionar las actuaciones de ubanización, que quedan sin efecto al anularse el plan.
Los daños y perjuicios surgen de actos y actuaciones adoptados en "virtud de la confianza legítima en la validez del PXOM de 2003 y de su contenido", con el fin de desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición.
Es por eso que, una vez anulado definitivamente el Plan Xeral de Ourense por el Tribunal Supremo, la imposibilidad de urbanizar ocasiona daños que particulares y empresas reclaman ahora del Concello, por su responsabilidad solidaria en esta materia, por un importe millonario. Al amparo del Reglamento de la Ley del suelo, acreditan que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos con que contaban.
