El conflicto suscitado con la ubicación de la planta incineradora del sur de Galicia en el Concello ourensano de O Irixo llegará al Parlamento Europeo. Será a través de una iniciativa en las que los colectivos vecinales expondrán las causas por las que se oponen, y se analizarán en la Comisión Parlamentaria de Peticiones, que es la encargada de recoger todas las propuestas y denuncias que los ciudadanos europeos presenten ante la Eurocámara, para que esta los aborde y los traslade a la Comisión Europea, como ejecutivo de la Unión Europea, y adopte las medidas necesarias en función de la reclamación presentada.

Es la propuesta que realizó la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, a representantes de las plataformas vecinales de O Irixo, O Carballiño y Deza, con los que se reunió ayer en el centro social de Loureiro (O Irixo), y en la que también estuvieron presentes vecinos de las comarcas afectadas de las provincias de Ourense y Pontevedra, que de nuevo dejaron patente su total rechazo a la implantación de la planta incineradora en esta zona, y su voluntad de poner en marcha la iniciativa.

Ana Miranda, que estuvo acompañada por la diputada nacionalista Tereixa Paz, subrayó que recientemente a la Comisión de Peticiones llegó un informe, del que fue ponente el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz, sobre las quejas y denuncias de los modelos de tratamientos de residuos, que asumió el compromiso de enviárselo al gobierno gallego. "Están en esto –por la Xunta y el proyecto de planta incineradora– y les mandé el informe", asegura Ana Miranda que le comentó el propio Iturgaiz.

Normativas

Por las informaciones que tiene y las que le suministraron enla reunión los representantes de las plataformas, la eurodiputada nacionalista advierte sobre posibles "incumplimientos" de normativas europeas en esta materia por parte de la Xunta.

En concreto hizo referencia a que a la "evaluación de impacto ambiental", que según recalcó Miranda se debe hacer antes de "tomar cualquier decisión, incluida su ubicación", y que es "obligatoria", como se refleja en una de las normativas de la Unión Europea. En este caso, se anunció por parte de la Xunta el emplazamiento de la incineradora en O Irixo, y luego el estudio ambiental.

Miranda criticó que la Xunta "no solo ignora las directrices europeas en un tema que suscita tanta preocupación social", sino que además "no cumple con su obligación de transparencia total y absoluta" en el acceso a la información por parte de la población afectada, en este caso las comarcas de O Carballiño y O Deza.

La eurodiputada reprocha que por parte del ejecutivo gallego se utilicen procedimientos normativos que evitan la exposición pública del proyecto en el propio Concello de O Irixo, que "elude" el envío de notificaciones directas a los ciudadanos, y opta por un procedimiento abreviado para la realización del estudio de impacto ambiental, "cuando debería ser un paso clave en un proyecto de estas características". La conclusión es clara: "incumplimiento del principio de información a los ciudadanos afectados" .

De ahí su compromiso con los representantes de las plataformas vecinales a tramitar nuevas iniciativas parlamentaria en la Comisión Europea, a la que instará a "velar" para que la Xunta cumpla la normativa de la Unión Europea en materia de gestión de residuos, teniendo en cuenta que esta normativa deja clara la obligación de "preservar, reciclar y reutilizar" para una eficaz gestión de los residuos, contemplando la incineradora como "el último del último recurso", indicó. Miranda no tiene dudas y asegura que la Xunta estaría incumpliendo la normativa ya que, a día de hoy, Galicia ya incinera el 42% de los residuos que genera.