La sanidad pública gallega sigue perdiendo medios empezando por la base. Un proyecto de reforma del Decreto de Transporte Sanitario presentado por el Servicio Galego de Saúde prevé reducir el número de profesionales que viajan a bordo de las ambulancias con UVI móvil para atender a pacientes que se han encontrado indispuestos o accidentes y siniestros de gravedad, eliminando la figura del técnico ayudante que viaja en esas ambulancias, que es quien apoya al personal médico y sanitario y cuyo puesto está contemplado dentro de los protocolos del 061 como una garantía más para conseguir el éxito de la operación sanitaria urgente.

Por este motivo un grupo de profesionales del sector de ambulancias en Ourense, convocados por UGT, CIG y CC OO, se manifestaron ayer ante la Delegación del Servicio Galego de Saúde para protestar por esta propuesta de modificación del decreto que puede dejar en la calle a 25 trabajadores en Ourense y con déficit de calidad al servicio de transporte sanitario.

Esta propuesta de modificación el Decreto de Transporte Sanitario es, según los trabajadores, un paso más en la "asfixia" laboral a la que se han visto sometidos en los últimos meses estos operarios de ambulancias, a los que la patronal ha anunciado una reducción salarial del 10% o bien la renuncia a su paga extra de Navidad.

"La patronal de ambulancias que tiene adjudicado el servicio de las ambulancias medicalizadas en Galicia en régimen de concesión nos aseguró que la Administración no le había cumplido los pactos de revisión de los precios de la adjudicación y las empresas no podían asumir los costes salariales actuales", explica Óscar Vázquez, delegado de ambulancias de UGT en Ourense.

Al igual que ocurrió hace unas semanas con los trabajadores del servicio de limpieza de hospitales, que la Xunta tiene adjudicada también a empresas privadas y a los que no se les reconoció el incremento laboral acordado por el bipartito, en el caso de los trabajadores de ambulancias "las empresas nos dicen que la Xunta les incumple los pactos de revisión económica desde el año 2008, escudándose en que hay crisis, y ahora nosotros somos las primeras víctimas", explica UGT.