El secretario provincial del PSdeG, Raúl Fernández, testificó ayer ante el fiscal jefe de Ourense para revalidar la postura socialista cinco meses después de que hicieran llegar al Ministerio Público un escrito que vincula el resultado del congreso en el que José Luis Baltar fue sucedido por su hijo con la política de personal de la Diputación regida por el barón.

El PSdeG sugiere posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación y, subsidiariamente, coacciones en la contratación de 115 personas afines al PP que supuestamente fueron dadas de alta sin el aval de Intervención desde finales de 2009 y hasta la celebración del cónclave en el que José Manuel Baltar relevó a su padre frente al candidato oficialista y alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán.

Tras prestar declaración ante el fiscal jefe que asume la investigación de las presuntas irregularidades; Raúl Fernández hizo composición de lugar: "Falamos dunha contratación de 115 persoas en pleno inverno, que non parece a época máis adecuada pola necesidade de persoas; pero na que ten lugar a celebración dun congreso e ademais hai manifestación claras por parte dun dos bandos".

Aludía de forma implícita a Jiménez Morán, el candidato más cercano al PPdeG que llegó a lamentar en el proceso congresual que "estamos inmersos tres candidatos", sumando a la terna al presidente de la Diputación. En realidad, José Luis Baltar intervino públicamente en el fragor del debate entre las dos candidaturas, por ejemplo con acusaciones de "traición" al aparato del PP en la ciudad liderado por Enrique Nóvoa, quien se alineó del lado de Morán y posteriormente fue relegado en favor de Rosendo Luis Fernández como candidato a la Alcaldía.

Por este motivo, el PSdeG reforzó sus argumentos haciendo llegar junto a la denuncia, en junio, un dossier de informaciones de prensa, buena parte de ellas de FARO, donde se recoge la lucha intestina de la campaña.

Las argumentaciones por supuesta captación de votos a través de la plataforma laboral de la Diputación, donde acaba de abrirse un nuevo proceso de empleo, acompañan una relación que en junio pasado llegaba a 400 trabajadores relacionados con el PP, tanto integrantes como familiares. El listado fue actualizado tras el congreso y durante semanas en una web que todavía puede consultarse en http://enchufadosppourense.blogspot.com.

Ayer los socialistas encararon la comparecencia ocho meses depués de que Manuel Vázquez, líder de los socialistas gallegos, marcara el camino sin tibiezas en un acto que tuvo lugar en el Auditorio de Ourense. Entonces el carballinés definió a la Diputación Provincial como "la última escuela de caciques de España"; una administración en la que "el clan Baltar y el PP de Ourense, a través de una trama de corrupción organizada, usa dinero público de los ciudadanos para contratar y enchufar a sus familiares y a los cargos políticos del PP", dijo.

Supuestos que en el caso precongresual constituirían, según la denuncia de los socialistas sobre la que trabaja el fiscal, presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y, con carácter subsidiario, coacciones.

Desde el grupo del PSOE en la Diputación, que lidera el alcalde de O Barco, Alfredo García, se habrían encontrado con dificultades para acceder a la documentación solicitada. Al parecer, el presidente de la Diputación supuestamente empleó su función y poder para bloquear las solicitudes.

Por esta cuestión, los jurídicos socialistas consideran que "tendo os deputados dereito ao acceso a todos os datos, antecedentes e informacións que obran na Deputación para facer as súas funcións, expresamente existen resolucións por parte do presidente da Deputación desestimatorias e por tanto presuntamente vulneradoras dos dereitos dos deputados". Según su criterio, esta actuación podría llegar a constituir un delito de prevaricación administrativa o, subsidiariamente de coacciones. Fijan este tipo legal al entender que se prohibió a los diputados socialistas "o que a lei lle spermite e neste caso os ampara, que é obter toda a documentación e antecedentes para exercer as súas funcións".

La malversación de fondos existiría por la falta de fiscalización de Intervención de los contratos, "que non nos consta", dice el PSOE. El tráfico de influencias estaría personificado en Baltar Pumar por utilizar el cargo para dar de alta a afines.