La capacidad de controlar el destino de más de 200 puestos de trabajo directos, que recaería directamente en la Consellería de Vicepresidencia (BNG) si el Concello de Ourense se adhiere al Consorcio de Benestar y se ponen en marcha todos los servicios sociales -desde residencias para mayores a colegios previstos en en ese convenio- es, según los nacionalistas, el motivo por el que el alcalde, siguiendo los dictados de su partido (PSOE), retrasa la adhesión de la ciudad a este consorcio si no se le da al ayuntamiento la cogestión en materia de empleo.

Así lo afirma el grupo del BNG en la Tenencia de Alcaldía de Ourense, que advierte de que si sus socios socialistas en el bipartito municipal siguen retrasando la adhesión del municipio al Consorcio de Benestar de la Consellería de Vicepresidencia la ciudad podría perder más de 15 millones de euros en obras sociales de toda índole, desde centros para mayores a residencias de Alzheimer y escuelas, así como 30 millones anuales más para mantener esas dotaciones, que serían sufragadas por el citado departamento autonómico.

Cuando el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, pidió la cogestión de estos servicios sociales para adherirse al consorcio en el transcurso del accidentado pleno municipal del pasado jueves, en el que el BNG y el PSOE se pisaron los titulares informativos, al anunciar primero el teniente de alcalde que Ourense se adhería al consorcio y negarlo luego el regidor, alegando que eso había que negociarlo, lo que quería decir Francisco Rodríguez es que "el caramelo" electoral que suponen servicios que generan más de 200 puestos de empleo directos deben ser compartidos.

Para el BNG la prioridad de un equipo de gobierno de izquierdas "es que debe de erradicar la beneficencia que rige ahora en algunos servicios, como la casa de acogida de mujeres maltratadas, que gestiona unas monjas de la Caridad, y convertirlo en un servicio social, gestionados por profesionales y con sede digna".

Sin embargo, los beneficios sociales y laborales que supondría esta "fábrica" de generar puestos de trabajo que significa la puesta en marcha de los servicios incluidos en el consorcio es el origen de la pugna entre PSOE y BNG en la antesala de unas elecciones autonómicas cruciales para ambos partidos, que se juegan a una carta su futuro político en los próximos comicios.