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El gobierno reclama recuperar los terrenos de Massó con una propuesta plenaria consensuada

-El ejecutivo cangués la trasladó a los portavoces de la oposición -Quiere que se respete el compromiso de devolverlos al Concello

Cangas reclama parte de la antigua fábrica de conservas y los terrenos aledaños. // G.Núñez

El grupo de gobierno de Cangas entregó ayer a los portavoces de la oposición una propuesta para intentar recuperar los terrenos de dominio público marítimo terrestre de O Salgueirón que piensan llevar al Pleno del viernes día 2 de diciembre, ya sea como iniciativa del tripartito o como documento consensuado por toda la corporación. Esta última opción es la preferida por el alcalde, Xosé Manuel Pazos, y el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, artífice de un documento que insta, entre otras medidas, a dejar sin efecto el convenio firmado entre el Concello y la Autoridad Portuaria de Vigo para el mantenimiento y conservación del paseo marítimo, a materializar el correspondiente parcelario topográfico e inscribirlo en el Registro de la Propiedad y a insistir en el compromiso de su anterior presidente, Ignacio López Chaves, e incluso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de ceder gratuitamente al Concello de Cangas los terrenos desafectados y deslindados.

Los portavoces de la oposición salieron del encuentro con el documento en la mano. El representante del PP y exedil de Urbanismo, Rafael Soliño, señaló que su grupo "siempre mantuvo la misma idea" de recuperar esos terrenos para la institución municipal, "tanto desde el gobierno como desde la oposición", aunque no adelantó su posicionamiento plenario hasta que todos los miembros de su grupo conozcan el texto y lo debatan. De todos modos, ya dejó entrever que la decisión se basará tanto en el fondo como en las formas, y que analizarán con lupa el argumentario de Abalo para justificar su propuesta por su deja sombras de duda sobre el papel de los populares.

La propuesta del ejecutivo cangués contempla siete puntos de acuerdo. El primero es "dar inicio ao expediente que deixe sen efecto" el convenio firmado entre el Concello de Cangas y la Autoridad Portuaria de Vigo "consistente no mantemento e conservación do chamado paseo marítimo, por non ter un dos asinantes competencia algunha". También se le insta al Puerto a "materializar o correspondente parcelario e topográfico" del suelo desafectado por la Orden 822/2015, a su inscripción en el Registro y se realice la correspondiente acta de recepción y entrega "do solo construído como paseo marítimo e do peirao da Congorza a Costas do Estado".

En el punto 5 se insta a la Autoridad Portuaria "a manter a promesa" de López Chaves y Ana Pastor en el sentido de que "unha vez desafectado e debidamente rexistrado o correcto deslinde do solo en cuestión", se proceda según lo previsto en la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, "á cesión gratuíta do mesmo, evitando, de non facelo, a estafa política, a fraudulenta posesión duns terreos que pertencen á cidadanía de Cangas". También se le reitera a la Autoridad Portuaria el acuerdo plenario que le insta "a deixar sen efecto e valor xurídico algún a taxación vergoñenta e escandalosa, que só pretende unha futura especulación evidente" y se propone concretar una inmediata reunión con el actual presidente del Puerto, Enrique López Veiga, a la que asistan el alcalde y los portavoces de los grupos municipales interesados "para reclamar o cumprimento da cesión gratuíta dos terreos referenciados", concluye la propuesta, que comienza advirtiendo que "asistimos a un verdadeiro esperpento no que atinxe aos terreos de dominio público marítimo terrestre na fronte do litoral da antiga fábrica de Massó" y señala que procede "concretar as circunstancias e feitos de forma clara para que os cidadáns teñan coñecemento das propostas das que solicitamos acordo" al Pleno de la Corporación.

Los promotores de la iniciativa consideran "incrible" y "co único motivo de venda política" el convenio sellado entre la Autoridad Portuaria y el Concello con José Enrique Sotelo en la Alcaldía, y reclama más rigor a la hora de fijar la superficie afectada, que va desde 16.992 metros cuadrados que computa el Registro de la Propiedad hasta los 32.000 que le atribuye el Catastro, según refieren.

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