Con las negociaciones sobre las tarifas del agua a aplicar desde 2016 en aparente punto muerto, la concesionaria del servicio (la UTE Gestión Cangas) ha puesto sobre la mesa una reclamación de pago de 154.790 euros en compensación por el supuesto incumplimiento del contrato formalizado entre la empresa y el Concello, al que acusa de haber modificado de forma unilateral los precios que deben abonarse por el servicio que presta. La concesionaria hace hincapié en las trabas administrativas que padeció para cobrarle a los abonados los recibos del suministro, saneamiento y depuración durante el año 2015 y una modificación unilateral de las tarifas por parte del Concello que le obligó a aplicar, con efecto retroactivo, las que estaban vigentes en 2014, con la correspondiente merma de ingresos y quiebra del equilibrio contractual, alega.
En las últimas semanas, el gobierno local y la concesionaria del servicio del ciclo integral han mantenido un intercambio epistolar, con las negociaciones sobre el ajuste de tarifas como telón de fondo. El alcalde reclamó a la UTE formada por Aqualia y Civis Global varios documentos que sirvan para enmarcar la negociación, como la memoria de actividades, balance de situación y cuenta de resultados del año 2015, así como la justificación de los gastos (facturas, contratos, suministros, etc.) e ingresos registrados durante el ejercicio económico, datos que la mercantil le ha remitido junto con el requerimiento de que proceda a "adoptar las decisiones necesarias para la normalización del contrato [de 25 años de duración] y la adaptación del mismo a la legalidad vigente", que considera vulnerada.
Los problemas sobre este asunto empezaron con la firma del contrato, el 24 de octubre de 2014, siendo alcalde José Enrique Sotelo, del PP, y se visualizaron cuando se pasó al cobro el primer recibo de 2015 y los vecinos comprobaron un sobrecoste del servicio superior al que habían previsto y del que los grupos de oposición -ahora en el gobierno- habían alertado, a pesar de que la facturación pasaba de ser trimestral a bimestral. Miles de usuarios se echaron a la calle para exigir una rebaja y, en vísperas de las elecciones municipales, el gobierno local procede a devolver el padrón correspondiente al segundo bimestre de 2015 sobre la base de una resolución de la Alcaldía que la empresa considera "contraria a derecho" y que le impide pasar al cobro los correspondientes recibos "en la forma en que legal y contractualmente procedería", señala.
El Concello, por unanimidad de los grupos de la Corporación, aprueba aplicar en 2015 las tarifas de 2014 y recuperar el recibo trimestral, aunque las suspensiones continuaron con el nuevo gobierno y la concesionaria no logró cobrar por el servicio durante un año, hasta el pasado 1 de abril. Ahora, la UTE Gestión Cangas alega que el Concello tomó decisiones unilaterales, al margen del procedimiento legal y de los términos del contrato, exige una compensación por "romper de mala fe el equilibrio contractual", que insta a restablecer, y también una "indemnización de los daños y perjuicios causados".
