El acuerdo plenario de dejar sin efecto las nuevas tarifas por el servicio integral del agua de Cangas desde el pasado 1 de enero se ha quedado en papel mojado con la aprobación del padrón fiscal correspondiente al segundo bimestre de este año que acaba de firmar el alcalde, Xosé Manuel Pazos, según consta en una resolución incluida en el pleno ordinario del viernes. La decisión adoptada por el gobierno tripartito (ACE, BNG, AspUn) permite a la empresa concesionaria, la UTE Gestión Cangas, formada por Aqualia y Civis Global, pasar al cobro recibos por importe de 323.951 euros correspondientes a marzo y abril, con las mismas cuantías que provocaron las protestas ciudadanas y medio millar de reclamaciones de usuarios que aún no han sido respondidas.
El padrón fiscal al que se acaba de dar el visto bueno deberá someterse a exposición pública en el tablón de anuncios del Concello y el Boletín Oficial da Provincia (BOP) durante 15 días, abriendo un plazo para presentar alegaciones y reclamaciones que, a tenor de lo ocurrido entre marzo y abril, podría saturar las dependencias municipales. El período de pago, en las oficinas de la concesionaria o mediante domiciliación bancaria, será del 15 al 31 de agosto, las mismas fechas en las que el tripartito quiere celebrar un pleno que aprobaría una nueva ordenanza fiscal que incorpore rebajas en los recibos desde el último cuatrimestre del año a cambio de renunciar a una parte de la inversión comprometida por la empresa, que es de 3.483.406 euros.
El alcalde respondió ayer que la aprobación del padrón responde al contrato firmado en su día por el gobierno del PP y que las rebajas anunciadas no pueden aplicarse con efectos retroactivos pese al acuerdo plenario del 24 de abril con la única abstención del edil no adscrito, José Luis Gestido, porque "o PP non fixo nada" para que aquella moción surtiera efecto.
Así, tampoco se podrán aplicar reducciones en los recibos del tercer bimestre (mayo-junio) y los usuarios deberán pagar las mismas cantidades que desencadenaron las protestas sociales, aunque se "negocia" incluirlas en el de julio-agosto. De ese modo, sí se beneficiarían de efectos retroactivos, pues la nueva ordenanza no entraría en vigor, como mínimo, hasta septiembre, según coinciden en señalar el alcalde y la concejala de Servizos, Mercedes Giráldez.
Lo que no está claro es si los recibos se remitirán de ahora en adelante cada dos meses, como fija el contrato en vigor, o cada tres, como se hacía antes y la Corporación acordó recuperar. Tampoco se ha concretado la manifiesta intención de los ahora socios del tripartito de "municipalizar" el servicio del ciclo integral del agua. Aunque no han renunciado al discurso, varios representantes dan por hecho que no es jurídica ni económicamente posible "tumbar" el acuerdo firmado. El precio total del contrato, por 25 años, asciende a 57,8 millones de euros, el canon inicial de 800.000 euros ya entró en las arcas municipales y la adjudicataria tiene el compromiso de realizar una inversión mínima de 3.483.406 euros, que el Concello acepta negociar a la baja a cambio de una próxima revisión de las tarifas, confirma Mercedes Giráldez.
"Incumprimento flagrante"
El PP mostró ayer su "sorpresa" por la resolución del alcalde aprobando el padrón de los cuestionados recibos, que es "practicamente igual", tanto en los conceptos como en los importes, que el que se emitió para el primer bimestre de 2015 y que "foi anulado por acordo plenario" el 24 de abril. La Corporación instó a recuperar las tarifas del año anterior y el cobro trimestral en vez de bimestral, así como a devolver lo cobrado de más a los usuarios.
Nada de eso se ha cumplido, reiteran los ediles Pío Millán y Rafael Soliño, que ironizan sobre las palabras del ahora regidor cuando ejercía como portavoz de ACE en la oposición: "Pido o compromiso de todos os concelleiros de aplicar este acordo [...] e non quede en papel mollado", reclamó Xosé Manuel Pazos en aquella sesión plenaria.
